El 23 de marzo de 2026, la jueza Viviana Pila falló a favor de Alexandra Villacís, en una acción contra el Ministerio del Trabajo, por un impedimento que le impedía asumir la presidencia del Consejo de la Judicatura, tras la salida de Mario Godoy.

La jueza dispuso que el Ministerio del Trabajo corrija el registro que señalaba un impedimento para ejercer cargo público. Ese registro se basaba en una supuesta deuda con el Servicio de Rentas Internas. El impedimento administrativo bloqueó que Villacís asumiera el cargo desde el 9 de febrero de 2026, cuando Godoy pidió licencia sin sueldo. También impidió su posesión definitiva tras la destitución del funcionario el 18 de febrero por la Asamblea Nacional.

Villacís presentó una acción de habeas data para solicitar la corrección de sus datos. Según su pedido, el registro afectaba su derecho a ejercer funciones públicas. La jueza aceptó la acción y ordenó la rectificación.

Marco legal y sucesión

La Constitución establece que la presidencia del organismo debe recaer en el vocal representante de la Corte Nacional de Justicia. Ese cargo lo ocupaba Godoy y su suplente era Villacís, por lo que la sucesión le correspondería.

Sin embargo, el impedimento vigente llevó a declarar vacante la vocalía suplente. Ese hecho activó un proceso de designación a cargo del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Ese proceso se unificó con la selección del reemplazo definitivo de Godoy. La decisión judicial podría alterar ese procedimiento, aunque no existe aún un pronunciamiento oficial.

Escenario actual en la Judicatura

Hasta el momento, la institución es dirigida de forma interina por Damián Larco, representante del Ejecutivo en el organismo. Larco asumió la presidencia temporal en medio del proceso de transición institucional.

No obstante, la resolución judicial introduce un nuevo escenario. Las autoridades aún no confirman si suspenderán el proceso de designación o permitirán la posesión de Villacís. La controversia continúa en el ámbito institucional. El fallo judicial obliga a revisar decisiones administrativas y abre un debate sobre la aplicación de normas de sucesión en la Judicatura.

Contexto institucional

El conflicto se originó tras la salida de Godoy. La falta de claridad sobre la sucesión generó acciones administrativas y judiciales paralelas, que ahora convergen en la decisión emitida.

Además, el registro del impedimento administrativo se convirtió en un punto clave. La corrección ordenada por la jueza podría restituir derechos políticos y administrativos de la funcionaria. Por ahora, el futuro de la presidencia del organismo depende de las decisiones que adopten las entidades involucradas. El caso mantiene atención pública por su impacto en la institucionalidad judicial del país.