La designación del próximo Fiscal General del Estado se ha convertido en el foco de la disputa política en Ecuador, un proceso que avanza sin generar confianza pública, marcado por cuestionamientos académicos, retrasos sistemáticos y la necesidad de reformas constitucionales, así lo señaló el abogado constitucionalista Alejandro Guevara, en una entrevista con Manavisión Plus.
Además, el jurista destacó las alertas de este concurso, las amenazas a la independencia judicial y las tensiones democráticas recientes que enfrenta el país.
- La elección del nuevo fiscal. ¿Va bien el camino? ¿No va bien? ¿O en qué hay que mejorar, si así fuera el caso?
El concurso de fiscales no va tan bien como creemos, va con muchas incertidumbres, va con muchísimos cuestionamientos por parte de los sectores académicos y esto resta un poco de valor al concurso de fiscal general de la nación, que es una decisión que debía darse ya hace mucho tiempo atrás. Es un poco cuestionable que pase eso así con una autoridad, no es de justicia, pero sí de administración penal especializada. Entonces, es un problema muy grande y creo que estamos con cuestionamientos serios ahí.
- ¿Esto tiene que ver con cálculos políticos?
El tema de la Fiscalía General del Estado tiene que ver hace mucho tiempo con cálculos políticos. Desde el año 2017 venimos viviendo un tema de incertidumbre en cuanto a la designación de Fiscal General de la Nación, que tengamos en consideración que se elige por un Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio, que a su vez este Consejo elige a los jueces de la Corte Constitucional, que hoy son perseguidos por ellos mismos y a la vez ellos eligen al Fiscal General.
Es decir, este Consejo Transitorio que hubo y ahora están eligiendo otra persona más para que pueda mantener la hegemonía que han venido construyendo, algo que denominamos a nivel internacional como el lawfare (guerra jurídica), es decir, esta batalla jurídica que se viene viviendo por parte de sectores políticos en contra de otros sectores políticos, que se han designado más a eso que a ayudar al país. Entonces, sí, se vienen días un poquito complejos.
-¿Cuál ha sido el rol del Consejo de Participación Ciudadana, que también ya ha sido cuestionado?
El rol ha sido el que faculta la Constitución de la República del Ecuador, que es que sea una facultad primero nominadora y luego la facultad seleccionadora del último, de las autoridades de control del país, todas las autoridades de control, hoy gravemente cuestionadas por la injerencia política que se supone no debe haber en un control social o un Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.
Pero si usted se pone a ver de manera ya muy sincera, durante mucho tiempo ya el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social se ha vuelto un ente político ya descaradamente y abiertamente, tanto así que políticos auspician la llegada de ciertos consejeros de participación al Consejo de Participación. Entonces, se ha vuelto ya una toma de poderes nada más y perdió ya su sentido el Consejo de Participación y debería desaparecer, abolirse, porque ya no cumple un rol social sino un rol político.
-Si vamos a la Asamblea puede pasar lo mismo, entonces, ¿cuál sería la solución?
El problema ya pasa por la gente, porque el problema no debería pasar por las instituciones del Estado, las instituciones del Estado son un reflejo de la sociedad y no importa el nombre que le vayamos a poner, si le ponemos mañana Asamblea, Congreso, Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, etcétera, cualquiera que usted le quiera poner, el problema son las personas y las personas que hoy nos gobiernan tienen una sed de poder y por este tiempo que hemos venido atravesando tienen una sed de venganza.
Porque lo que quieren es, acuérdate lo que me hiciste, quiero volver a hacerte lo mismo y vamos a caer en un círculo vicioso de componendas de poder y esto genera malestar y una especie, yo digo, de inconformidad en la ciudadanía, o si no en la ciudadanía, por lo menos en mí, que no veo que las instituciones sirvan para lo que es, para luchar en contra del crimen organizado, para luchar en contra de los delitos, sino que ha servido para luchar en contra de los sectores políticos y eso pues no tiene sentido ahora.
-Se escuchan discursos de cómo cambiamos la patria o morimos en el intento, que van a refundar el país, que va a haber una reinstitucionalización del Estado, pero no la vemos. ¿Cómo y cuándo debería darse y de qué manera, estimado abogado?
Este país requiere transformación en los ejes sociales, en los quintiles de pobreza más perjudicados, donde las personas viven con bonos de desarrollo humano. Hay personajes de la política que han dicho que van a dar su vida por una patria, resulta que a la primera corren. Esto es algo vergonzoso, pero lo que sucede es que el país necesita, primero que todo, ir construyendo caminos para poder generar institucionalidad.
La institucionalidad es un eje fundamental de la construcción de un Estado, sobre todo constitucional y democrático, y lo segundo es tener líderes políticos que tengan una idea clara sobre el panorama que está viviendo el país para poder, a través de esta institucionalidad, que hoy no la hay, intentar controlar, no los poderes del Estado, sino el control como tal del Estado. Me refiero a cómo éste camina a través de su desconcentración y desinstitucionalización que estamos sufriendo para poder caminar hacia el futuro.
-¿Se debería cambiar la Constitución o enmendarla?
Para eso tenemos la facultad de la enmienda y la reforma de nuestra Constitución. Hay que hacer lo que la Constitución manda, es decir, poder hacer ciertas enmiendas, pero cambiar la Constitución es cambiar un proyecto político. Y yo siempre invito a la reflexión a las personas. Estados Unidos mantiene su Constitución desde su fundación, es decir, desde hace muchísimo tiempo atrás, más de 100 años, y tiene unas cuantas enmiendas que son muy conocidas.
Entonces, no se trata de cambiar la Constitución, se trata de cambiar a las personas que gobiernan, porque una Constitución muy bien realizada, muy bien hecha, con personas que no tienen escrúpulos, no tienen conocimientos en lo que están haciendo, pues no importa qué texto normativo tenga, el resultado será el mismo.
-La Corte Constitucional ha decidido abrir la posibilidad de revisar las resoluciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social mediante mecanismos de enmienda. ¿Está apegado la Constitución a aquello?
Sí, está previsto totalmente. Lo que la Corte Constitucional hizo fue calificar la constitucionalidad de esa pregunta. O sea, decirle, el Ejecutivo pregunta, podemos preguntarle a la ciudadanía si quieren retirarles a través de enmienda, justamente, la capacidad nominadora al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, la Corte Constitucional le dice, sí, pregunte, si usted en consulta popular gana, se le retira esta capacidad al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y se va a devolver esta facultad nominadora y seleccionadora de autoridades de primera justicia, de primer, perdón, orden, a la Asamblea Nacional del Ecuador, que está conformada en su mayoría por el oficialismo que yo apunto, o yo creo que ahí es donde apunta el gobierno central.
-¿La Corte Constitucional requiere a alguien que también los controle?
La Corte Constitucional, al ser este Órgano Máximo de interpretación constitucional, tiene que poseer facultades de autocontrol, pero no de un control político, porque nuevamente si usted supedita a la Corte Constitucional, al Poder Ejecutivo, quiere decir que la Corte Constitucional pierde esta capacidad de control y se va a supeditar inmediatamente a lo que quiera el presidente o la persona que está en el turno del poder.
Y si no esto fuera así, figúrese cómo se dieron tantas cosas recientemente con la Corte Constitucional. Me llama poderosamente la atención que se intente ahora la Corte controlarla, cuando fue impuesto por personas de facto, las mismas personas que antes les servía la Corte Constitucional eran serviles a ellos, para quitar jueces de la Corte Constitucional, poner autoridades de justicia, ahora que ya no les sirven.
Entonces la Corte Constitucional que funcione como ha venido funcionando, como un órgano independiente y que el control sean ellos mismos, porque si no, tenemos un Ejecutivo que lo va a controlar todo y no es un Estado plenipotenciario, es un Estado que está institucionalizado, desconcentrado en su gobernación y descentralizado en su forma de hacer gestión, entonces debe haber siempre desconcentración y descentralización de poderes y estoy yo de acuerdo que la Corte Constitucional mantenga sus funciones de esta forma para que puedan ser ellos mismos las facultades autocontroladas.
-En esa autoevaluación que deben tener los jueces, ¿cómo controlar determinadas ideologías que hasta públicamente han manifestado los propios jueces, abogados?
Las ideologías son propias de una institución democrática y de un Estado, deben manejarse para poder hacer controles convencionales, constitucionales y normativos. Si los jueces tienen ideologías, no podemos controlar porque al fin del día lo que queremos es que hagan lo que nosotros creemos y eso no se trata.
El derecho se trata de manejar ideologías, pero hay sistemas jurídicos que hay que respetar, entonces yo no veo que en las decisiones de los jueces de la Corte Constitucional estén sus ideas. Está el pragmatismo jurídico, en ciertos casos como los temas de niñez y adolescencia.
Hoy, desconocer a la niñez y adolescencia que tengan ciertos derechos que antes no, es no ser pragmático, es entrar en un Estado hasta anticuado o moralista. Abran su celular, miren Facebook, TikTok, miren Instagram, miren cómo son los jóvenes y adolescentes ahora, que hay que permitir todo. No, no todo está permitido, pero por eso hay sistemas jurídicos.
Se trata de ideologías y no entonces también presidencia que tenga un control, también a la Asamblea Nacional que tenga un control, que sí están sujetos a control político, pero el presidente, por ejemplo, está sujeto a un control político que también es autorregulador y que parte de la Asamblea Nacional. Entonces, no veo el sentido de querer controlar a una Corte Constitucional llena de académicos que superan en títulos y en experiencia por muchísimo, inclusive a los asesores del propio presidente de la República.
-Hubo cuestionamientos a la Corte Constitucional a propósito del Ejecutivo. ¿Hoy hablamos de independencia o un sometimiento ya al Ejecutivo, Alejandro?
No, aquí ya es claro el sometimiento que intenta el gobierno central darle a todas las instituciones del Estado. Esto debería hablarse con horror. O sea, ¿cómo puede ser que a jueces de la Corte Constitucional, que ni siquiera tienen que ver con el control penal, pongan sus rostros exhibidos, dicen «estos son los jueces que no quieren dar paso por amor a Jesús»? Es ni siquiera entender las competencias de la Corte Constitucional. Los jueces de la Corte Constitucional no resuelve sobre temas penales exclusivamente, no resuelven sobre libertades, no resuelven sobre prisión preventiva o medidas alternativas.
Es una locura lo que hizo el presidente y a través de su gabinete, que ahí sí, yo estuve en la marcha que hicieron en contra de la Corte Constitucional y cuando digo estuve, no digo estuve como partícipe, sino fui a observar cómo se tramitaba todo y quedé escandalizado cuando vi al Ejército cercando a la Corte Constitucional, a Policía Nacional y a antimotines acompañando a los manifestantes en favor y ver a los servidores públicos ahí marchando en pleno horario laboral a la Corte Constitucional para decirle que se deben tranquilizar y que deben hacer básicamente lo que ellos quieren.
Por Dios, ¿en qué estado estamos viviendo que esto puede pasar? Y no se escandaliza nadie, no se habla de esto en ningún lugar, en la Asamblea Nacional se trató una vez y gracias y de ahí dijeron «no, pues que no, no vimos nada, que qué pasa, la independencia de justicia» entonces esto se empieza a tornar ya peligroso y si las personas no empezamos a poner nuestra voz de protesta vamos a terminar en un país de autócratas y realmente este es un país democrático.
-Se dice desde un lado que esta es competencia exclusiva de la Comisión Ciudadana, por el otro lado dice que esto tiene que decidirlo el Pleno, ¿qué dice la normativa legal sobre el tema, abogado?
Es totalmente de la Comisión, el Pleno no puede incidir porque en este caso usted va a tener al juez y parte, entonces es una locura pensar que tiene que ser el Pleno como tal, para eso existe esta Comisión, esta especie de veeduría ciudadana que es la encargada de fiscalizar los procesos, para eso fueron llamados, para esta fiscalización de procesos y en algo que tiene que ver estrictamente con el tema de calificación de carpetas, ellos son los que tienen o son los llamados a velar porque cumplan con los procedimientos.
-De los perfiles para el próximo Fiscal General del Estado, sin llegar a dar nombres, obviamente, porque de eso no se trata la pregunta. ¿Hay buenos perfiles para fiscal?
Hay tres perfiles, los que están manejando dos mujeres encabezando la lista, la doctora Romero, la doctora Camacho y el actual fiscal. Esos son los nombres que más suenan para poder ser Fiscales Generales de la Nación. Ojalá en la comisión constituida para la calificación en cuanto se refiere a la fase de oposiciones y a la fase ya de conocimientos, ahí pueda, pues, mostrarse ese enorme conocimiento que ellos tienen para Fiscal General. Aunque el otro día estuve en el caso Apagón, aquí en la Corte Nacional, y realmente no me quedé tan sorprendido con el conocimiento del Fiscal Alarcón. No lo había visto litigar antes, lo conocí recién ahí.
No, no sé, tal vez, pues, sea mejor escribiendo que hablando, puede ser eso, no sé, tal vez sea eso. Pero cuando usted escucha a un Fiscal General de la Nación y un litigante, por excelencia, usted espera otro tipo, no sé, de intervenciones un poco más categóricas, un poco más normativas, jurídicas, pero cuando usted empieza a hablar con coloquialismos en audiencias, no sé, me siembra la duda, tal vez yo porque soy así, pero no lo sé, lo vi y dije, qué raro, tal vez me equivoqué, pensé que había un poco más de oralidad en el sistema adversarial penal.
-¿Cree que será elegido el mejor? ¿este año tendremos nuevo fiscal o seguirá esto hasta cuando quieran?
Va a ser elegido el mejor para los intereses, sin lugar a duda. No sé quién va a ser, al final del día hay que ser prudentes, uno con lo que dice la Biblia, cuida la lengua de lo que digas, entonces voy a cuidar en este momento lo que diga, no sé si va a ser el mejor, por lo menos va a ser el que la comisión elija y eso le hace el mejor de los concursantes, puede el mejor de los mejores de materia penal, conozco muchos que ni siquiera quisieron participar, entonces va a ganar el mejor del concurso. Aunque lo digo y me hago responsable de mis palabras, este año no tenemos fiscal general de la nación.
