La institucionalidad del Ecuador atraviesa un nuevo capítulo de tensiones. Una reciente sentencia de habeas data a favor de la abogada Alexandra Villacís ha puesto en jaque la actual administración de Damián Larco en el Consejo de la Judicatura (CJ). Entre denuncias de desacato y una aparente "coordinación" institucional para frenar su ascenso, el país observa cómo los organismos de control se convierten en arenas de disputa política. En diálogo con Manavisión Plus el abogado Christian Pérez, especialista en Derechos Humanos, profundizó estos temas y la carrera hacia las elecciones de 2027.

- Abogado Pérez, la sentencia a favor de Alexandra Villacís es de ejecución inmediata tras la notificación verbal o ¿su cumplimiento queda suspendido hasta que exista el documento firmado?

En materia de garantías constitucionales, la sentencia emitida de manera verbal en la audiencia es de cumplimiento inmediato. Cualquier recurso planteado, sea vertical u horizontal, no suspende la ejecución; inclusive si ha sido apelada, la apelación no tiene efectos suspensivos. La jueza ordenó la rectificación del portal de información pública sobre el impedimento de Villacís, y esto es inmediato. Bajo el principio restitutio in integrum, se debe restituir el derecho al estado anterior a la vulneración. Esto implica que la inhabilidad irreal emitida por el Ministerio de Trabajo debe desaparecer, quedando ella habilitada para asumir la presidencia del Consejo de la Judicatura en reemplazo del cesado Mario Godoy.

-La sentencia tardó 36 días pese a que la ley exige procesos ágiles. ¿Quién asume la responsabilidad por esta negligencia? ¿Quedará en la impunidad?

La demora no respondió a falta de acción de la jueza, sino a acciones atribuibles a las partes demandadas, como el Ministerio de Trabajo que no acudió a la audiencia o alegó falta de conectividad. Incluso el Consejo de Participación Ciudadana (CPCCS) intenta dilatar la ejecución señalando que no han sido notificados, cuando estuvieron presentes en la audiencia. Esto debe tomarse como un incumplimiento de orden de autoridad competente. La jueza debería poner el caso en conocimiento de la Fiscalía por un presunto delito de desacato. La consecuencia directa es que el Pleno de la Judicatura se convoque y titularice a Alexandra Villacís.

-Si el Ministerio de Trabajo actualiza el registro, ¿el ascenso de Villacís es automático o requiere más trámites burocráticos?

El Ministerio de Trabajo debió rectificar de oficio al saber que el SRI certificó que no había deuda, pero esperó una orden judicial. Al existir la sentencia, ipso iure debería consolidarse su situación jurídica. No obstante, es importante cumplir el procedimiento formal: el Pleno debe posesionarla. Es un mero trámite porque el derecho ya existe según el artículo 262 del Código de la Función Judicial.

-En casos comunes, levantar un impedimento tarda 24 horas. Aquí han pasado 34 días. ¿Cree que el trasfondo es evitar que Villacís presida la Judicatura?

Evidentemente. No estamos ante un conflicto jurídico, sino ante obstáculos políticos. Hasta ayer, la rectificación no estaba consolidada. Parece existir una coordinación entre instituciones públicas para evitar que Villacís asuma. Políticamente, ¿a quién responde Damián Larco? Todo el aparataje estatal se ha confabulado para sostenerlo en el cargo. El Consejo de la Judicatura ha sido concebido como un botín político porque maneja administrativamente la función judicial, y ya vemos los procesos por tráfico de influencias que existen. Se ha abierto la puerta jurídica para Villacís, pero políticamente se la están cerrando.

-¿Qué caminos le quedan a Alexandra Villacís si persiste la negativa a posesionarla?

Si hay una negativa expresa o tácita, le corresponde habilitar una acción de protección para tutelar su derecho bajo el principio de seguridad jurídica. Ella tiene una situación jurídica consolidada. Lo primero es exigir que la jueza haga seguimiento al cumplimiento de la sentencia y, si persiste el incumplimiento, solicitar medidas coercitivas como multas diarias a la máxima autoridad del Ministerio de Trabajo o la remisión del caso a Fiscalía.

-¿Qué esperar de una institución como la Judicatura con presidentes anteriores tras las rejas o involucrados en corrupción?

El panorama es sumamente complicado. Se necesitaría una purga profunda, pero para eso se requiere una cabeza independiente que entienda que el estatus quo está contaminado. Si seguimos permitiendo una autoridad ilegítima como Larco, todo lo demás tendrá la misma historia: jueces y funcionarios deshonestos. Necesitamos una cabeza elegida legalmente.

-Algunos analistas dicen que la sesión de madrugada para designar a Larco fue una "cortina de humo" por el allanamiento a Aquiles Alvarez. ¿Comparte esa opinión?

Totalmente. Es una dinámica del Gobierno: generar incidentes para desviar la atención mediática mientras se dan golpes políticos. Ahora mismo, el Ministerio de Trabajo usa el llamado de atención a la Prefectura de Pichincha como cortina de humo para no cumplir la sentencia de Villacís. Utilizan la institucionalidad pública para ejecutar su agenda política.

-Sobre el Consejo Nacional Electoral (CNE): se suspendió a Revolución Ciudadana (RC) y hubo intentos contra Unidad Popular. ¿Es un proceso normal o "huele mal"?

Hay un trasfondo político claro. Unidad Popular es un contradictor incómodo que moviliza gente a las calles. En el caso de RC, la Fiscalía incide en el ámbito político solicitando medidas cautelares cuando no existe una sentencia ejecutoriada. Tratan de limitar los derechos de organizaciones que son la oposición crítica para que no puedan presentar candidatos.

-¿Es la Corte Constitucional el único contrapoder real que queda frente al Ejecutivo?

En mi opinión, sí. Es la última institucionalidad independiente que no ha sido cooptada. Por eso el Presidente intentó atribuirles responsabilidad política, lo cual es un despropósito porque ellos administran justicia, no crean política pública. La Corte ha evitado que nazcan leyes que contrapongan derechos constitucionales, y eso le incomoda al Gobierno.

-Para cerrar, ¿cree que la estrategia es llegar a una papeleta única en 2027 sin contendientes fuertes?

Sí. La aceptación del Presidente ha bajado radicalmente al 33% o 36%. Ante esto, las elecciones se les vienen cuesta arriba. La estrategia es allanar el camino limitando la participación de quienes podrían ser rivales fuertes, buscando una papeleta donde los candidatos de ADN no compitan con nadie que les quite votos, garantizando así el control de las seccionales y su agenda política.