Este viernes 22 de mayo del 2026 se publicó en el Registro Oficial, quinto suplemento n.º 290, la Ley Orgánica para el Fortalecimiento de la Ciberseguridad, que entra en vigencia de inmediato. La norma fue aprobada por la Asamblea Nacional con 83 votos al allanarse al veto parcial del presidente Daniel Noboa, casi dos meses después de esa decisión.

La ley busca fortalecer la protección digital del país mediante la actualización de definiciones clave como infraestructura crítica digital, ciberataque, incidente de ciberseguridad y riesgo de ciberseguridad, al tiempo que introduce reformas a siete cuerpos legales.

Asamblea Nacional aprueba objeción parcial a Ley de Ciberseguridad con 83 votos

El informe de la Comisión concluyó que las observaciones del Ejecutivo contribuyen a fortalecer la claridad del proyecto y su coherencia interna, sin alterar su estructura ni finalidad.

Incorporación en el sistema educativo

Entre sus principales disposiciones destaca la reforma a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, que obliga al Ministerio de Educación a incluir en el currículo nacional contenidos sobre seguridad digital, uso responsable de la tecnología, identificación de riesgos en línea y buenas prácticas de higiene digital.

Además, escuelas, colegios y universidades deberán incorporar progresivamente en su oferta educativa programas o materias virtuales que incluyan ciberseguridad, ética digital y protección de datos personales.

Programación obligatoria y obligaciones del sector privado

La norma reforma también la Ley Orgánica de Comunicación para destinar una hora diaria, no acumulable, a la transmisión de programas oficiales sobre teleducación, cultura, salubridad, derechos y seguridad digital elaborados por los ministerios competentes.

En el ámbito privado, los proveedores de servicios esenciales y operadores de infraestructura crítica deberán implementar sistemas de gestión de seguridad basados en estándares internacionales, mecanismos de monitoreo y respuesta a incidentes, notificar eventos relevantes y participar en simulacros y auditorías promovidos por el Estado.

Pronunciamiento de la Comisión

Durante la presentación del informe, la asambleísta ponente, Inés Alarcón, explicó que las observaciones formuladas por el Ejecutivo son de carácter técnico y no modifican el fondo de la ley.

Según indicó, los ajustes buscan perfeccionar aspectos específicos para garantizar una adecuada aplicación. La legisladora señaló que las observaciones contribuyen a consolidar un marco normativo claro, coherente y funcional.