En el sector El Pablo, parroquia Chical, cantón Tulcán, provincia de Carchi, Las Fuerzas Armadas realizaron operaciones militares contra la minería ilegal.
Las acciones, basadas en inteligencia militar, permitieron detectar y neutralizar actividades ilícitas de explotación de minerales, procediendo a la inhabilitación de bocaminas y túneles, destrucción de maquinaria pesada, explosivos, generadores y otros insumos, así como el desmantelamiento de campamentos clandestinos.
El objetivo principal fue debilitar las estructuras logísticas de la minería ilegal en zona fronteriza norte, protegiendo los recursos naturales y afectando economías ilícitas asociadas a posibles grupos armados irregulares.
Operativo militar
El operativo se centró en sectores clave como El Pablo, Chical, y áreas aledañas como El Hojal, Quishull y Río Blanco. Durante la intervención, el personal militar localizó y destruyó infraestructura utilizada para la extracción ilícita, incluyendo túneles de profundidades variables (entre 5 y 120 metros en operaciones similares reportadas), bocaminas (hasta 25 en algunos reportes recientes), generadores de luz, extractores de aire, poleas y equipos pesados.
Además, se inhabilitaron campamentos abandonados y se decomisaron o destruyeron explosivos, insumos químicos, combustible, radios de comunicación y sacos con material aurífero.
Impacto en las bandas
Estas acciones representan un impacto significativo en las cadenas logísticas de la minería ilegal, con valores estimados en decomisos que alcanzan hasta USD 2 millones en material explosivo e insumos en operativos fronterizos similares.
Las Fuerzas Armadas destacaron que el procedimiento se ejecutó con estricto apego a la normativa legal y protocolos de control territorial, sin reportar enfrentamientos ni detenciones en esta fase específica del operativo.
Minería ilegal en Carchi
La provincia de Carchi, ubicada en la frontera norte con Colombia, es una zona estratégica vulnerable a actividades ilícitas transfronterizas, incluyendo minería ilegal que afecta ecosistemas andinos, fuentes hídricas y biodiversidad.
En 2026, las operaciones contra esta práctica se han intensificado en el marco del estado de excepción y el Bloque de Seguridad, con énfasis en provincias fronterizas. En enero de 2026, se reportaron desmantelamientos de 41 a 48 bocaminas en la misma parroquia Chical, con decomiso de 800 bultos de material aurífero.
