la Policía capturó a Francisco Fernando L.M., ecuatoriano de 53 años, quien era buscado por el delito de abuso sexual. El operativo se ejecutó en Montecristi en el marco de la operación "FÉNIX 218". 

Mediante labores de inteligencia, técnicas especializadas de seguimiento y trabajo de campo, los efectivos policiales ubicaron y detuvieron al ciudadano. Francisco Fernando L.M. mantenía una boleta de detención vigente por el delito de abuso sexual. Según las investigaciones, los hechos se cometieron en perjuicio de una menor de edad, aprovechando su cercanía familiar y las condiciones de vulnerabilidad de la víctima.

Los hechos provocaron graves afectaciones en su desarrollo integral. La menor se encuentra actualmente bajo protección en una casa de acogida en la ciudad de Quito.El detenido fue puesto inmediatamente a órdenes de la autoridad judicial competente, que determinará su situación jurídica.

Los más buscados

Este caso se inscribe en un grave problema estructural. Entre 2014 y 2025, el Consejo de la Judicatura registró 15.724 procesos por violencia contra niñas, niños y adolescentes, de los cuales el 69% corresponden a abuso sexual. Además, un alto porcentaje de estos delitos es cometido por personas cercanas o familiares de la víctima.

La Policía Nacional mantiene activo el programa "Los Más Buscados por Violencia de Género", con el objetivo de capturar a personas requeridas por estos graves delitos.

Lo ocurrido

La intervención se desarrolló gracias a técnicas especializadas de inteligencia y seguimiento. Con ello se ubicó y capturó al ciudadano requerido en el sector de Montecristi.

De acuerdo con las investigaciones, el hoy detenido habría cometido el delito en perjuicio de una menor de edad, aprovechándose de su cercanía familiar y de condiciones de vulnerabilidad en el entorno de la víctima.

Los hechos habrían generado graves afectaciones en el desarrollo integral de la menor, quien actualmente se encuentra bajo protección en una casa de acogida en la ciudad de Quito. El ciudadano detenido fue llevado a la Unidad de Vigilancia Comunitaria (UVC) y puesto a órdenes de la autoridad competente, quien determinará su situación jurídica conforme a la ley.