Guayaquil, 16 de enero de 1987. Durante once horas, el poder político de Ecuador estuvo rehén de la tensión militar acumulada en los últimos meses. El presidente León Febres Cordero fue secuestrado en plena Base Aérea de Taura por un grupo de paracaidistas de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) que exigían la liberación del general Frank Vargas Pazzos. Aquel día, marcado por disparos, negociaciones forzadas y decisiones sin precedentes, pasaría a la historia como El Taurazo.
El detonante del conflicto tuvo raíces profundas. En 1986, Vargas Pazzos, entonces una figura destacada en las Fuerzas Armadas, denunció un sobreprecio de seis millones de dólares en la compra de un avión para TAME. Estas acusaciones apuntaban al ministro de Defensa, Luis Piñeiros, y a otros altos mandos.
Los alzamientos hasta El Taurazo
El escándalo escaló rápidamente con dos alzamientos militares. Vargas fue arrestado en marzo de 1986, primero en la base de Manta y luego en Quito. La negativa del presidente a firmar la amnistía al general aprobada por el Congreso selló el destino de una crisis que solo esperaba una chispa.
Esa chispa se encendió cuando Febres Cordero, en una visita protocolaria a la base de Taura, fue interceptado por un comando encabezado por el capitán John Maldonado. Los militares insurgentes exigieron tres condiciones: la liberación de Vargas Pazzos, garantías de amnistía para los secuestradores y la publicación oficial de ese acuerdo. En medio del caos, Un guardaespaldas presidencial abrió fuego y dejó tres heridos; en la represalías dos escoltas presidenciales fueron asesinados y otros resultaron heridos.
El mando a cargo del vicepresidente
Mientras tanto, el vicepresidente Blasco Peñaherrera asumía temporalmente el mando y decretaba estado de emergencia. Con el país paralizado, Febres Cordero accedió a firmar el documento exigido por los sublevados. Fue liberado al anochecer y trasladado a la Gobernación del Guayas.
La aparente resolución no selló la calma. A pesar del compromiso de no represalias, 58 militares fueron juzgados en un consejo de guerra en el fuerte Atahualpa, recibiendo penas de entre 6 meses y 16 años de cárcel. También fueron expulsados de las Fuerzas Armadas y privados de derechos cívicos. La celeridad del juicio fue criticada por la defensa. Vargas Pazzos fue liberado tras el pago de una fianza cubierto por el propio partido de Febres Cordero, el Partido Social Cristiano, en una jugada política destinada a neutralizar su popularidad.
Frank Vargas Pazzos capitalizó su popularidad para postularse como candidato presidencial en 1988, 1992 y 1996 por el partido Acción Popular Revolucionaria Ecuatoriana (APRE), logrando el tercer lugar en las elecciones de 1988. Además, fue elegido diputado por Pichincha en 1994 y ejerció como Ministro de Gobierno durante la presidencia de Abdalá Bucaram.
Las acusaciones al gobierno
El Taurazo no solo destacó la conflictiva relación entre Febres Cordero y las Fuerzas Armadas, sino que también alimentó las críticas a su gobierno por su manejo autoritario y las acusaciones de violaciones a los derechos humanos, especialmente relacionadas con los «escuadrones volantes», grupos policiales creados en 1985 para combatir la delincuencia y la subversión, que fueron señalados por torturas, desapariciones y ejecuciones extrajudiciales.
En 1988, el sucesor de Febres Cordero, Rodrigo Borja, disolvió estos escuadrones y otorgó amnistía a los militares involucrados en El Taurazo, lo que generó controversia. Años después, el episodio encontró un inesperado epílogo. En 2008, ya en la vejez y la enfermedad, Febres Cordero recibió la visita de Vargas Pazzos en una clínica de Guayaquil. En esa breve conversación, ambos parecieron cerrar un capítulo doloroso de la historia ecuatoriana.
.
