El proceso para designar al nuevo Fiscal General del Estado continúa generando cuestionamientos en el escenario político ecuatoriano. En entrevista para el espacio de diálogo de Manavisión Plus, el asambleísta Franklin Samaniego abordó las observaciones realizadas por la bancada de Revolución Ciudadana al concurso impulsado por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), además de referirse a proyectos legislativos relacionados con derechos de la naturaleza, bienestar animal y el panorama político nacional.

Asambleísta, el concurso de fiscal ha generado polémica desde hace algún tiempo. ¿Qué se puede decir actualmente sobre este proceso?

"Hemos denunciado y puesto en consideración de la ciudadanía la problemática no solo del concurso de fiscal, sino de todas las autoridades de control llevadas adelante por el Consejo de Participación Ciudadana.

Este concurso de fiscal es un proceso público de méritos y oposición para designar al nuevo fiscal, en el que participan varias exautoridades y que tiene algunas impugnaciones.

Recientemente, el bloque de la Revolución Ciudadana denunció dos cosas. Primero, el reglamento del concurso, porque normalmente para cada concurso se adapta un reglamento según los requerimientos del momento. Y segundo, tras varios pedidos de información realizados por nuestro compañero Luis Molina, encontramos deficiencias.

Por ejemplo, en la selección de la Comisión Seleccionadora, la presidenta habría presentado certificados que no podrían ser avalados. Hemos realizado la denuncia correspondiente en la Fiscalía General del Estado y esperamos que se lleve adelante la investigación.

Sin embargo, las personas que participan en el proceso continúan adelante y varios de ellos incluso han presentado impugnaciones".

¿Cuál es la principal preocupación de Revolución Ciudadana frente a este concurso?

"Vemos que existen perfiles cercanos al presidente de la República para ser designados como Fiscal General del Estado. El proceso debe ser transparente, pero la veeduría ha tenido problemas, la Comisión de Selección también y hoy el proceso se desarrolla bajo una sombra de duda.

El Consejo de Participación no ha sabido cumplir con sus funciones como determina la ley. Ha habido renuncias en la Comisión de Veeduría Ciudadana y denuncias por irregularidades e impugnaciones dentro del mismo proceso".

¿Existe el riesgo de que este proceso coincida con el calendario electoral?

"Creo que van por ese camino. El presidente de la República planteó una consulta popular relacionada con la designación de autoridades de control y la Corte Constitucional ya emitió su dictamen.

"No creemos que devolver esta potestad a la Asamblea Nacional (elección del Fiscal General del Estado) sea una solución definitiva, porque anteriormente también existieron conflictos en la designación de autoridades".

Franklin Samaniego, asambleísta de RC

¿Qué perfil consideran ustedes que debe tener el próximo Fiscal General del Estado?

"Primero, cumplir con lo que determina la ley y aprobar los procedimientos de méritos y oposición.

Pero fundamentalmente debe existir independencia y la posibilidad de que el fiscal pueda realizar su trabajo sin sesgo de ninguna naturaleza.

El fiscal general tiene que mantener ecuanimidad para llevar adelante investigaciones sin inclinaciones políticas o de cualquier otra índole".

Asambleísta, pasando a otro tema, usted impulsa una ley relacionada con derechos de la naturaleza y bienestar animal. ¿De qué trata la denominada Ley MAX?

"Conjuntamente con organizaciones como PAE, Poliperros y otras agrupaciones presentamos un proyecto denominado Ley MAX.

Esta ley busca fortalecer los derechos de la naturaleza, porque después de 20 años todavía existe una brecha muy complicada.

La idea es que la educación ambiental y el bienestar animal no sean solo una charla, sino un eje obligatorio y transversal dentro del sistema educativo".

¿Cuáles serían los principales beneficios de esta normativa?

"Hay tres cosas que queremos cambiar.

Primero, que el bienestar animal sea un eje transversal desde el inicio hasta el bachillerato.

Segundo, que el 27 de enero sea reconocido como el Día Nacional de los Derechos de los Animales.

Y tercero, que los estudiantes puedan realizar servicio social en proyectos de protección animal y restauración del ecosistema".

Algunos sectores consideran que endurecer las leyes ambientales podría afectar la economía local. ¿Cómo equilibrar ambos aspectos?

"En la Comisión de Biodiversidad estamos trabajando varias leyes, como la Ley de Cambio Climático y la Ley de Educación Ambiental.

La idea es garantizar derechos, enfrentar problemas relacionados con el maltrato animal y fortalecer la educación ambiental.

Los temas económicos deben desarrollarse, pero también debemos cerrar esta brecha de 20 años en la garantía de los derechos de la naturaleza".

Dentro de la Asamblea Nacional, ¿qué temas considera prioritarios actualmente?

"Lamentablemente la Asamblea Nacional se ha convertido en una ventanilla de despacho de las urgencias del Ejecutivo.

Se han aprobado nueve leyes económicas urgentes que, a nuestro criterio, no han resuelto los problemas de la ciudadanía.

El país enfrenta una crisis compleja en salud, empleo y seguridad".

"La Revolución Ciudadana va a participar en las elecciones"

Asambleísta, de cara a las próximas elecciones seccionales, ¿considera que Revolución Ciudadana está golpeada políticamente?

"No.

La Revolución Ciudadana ha sido víctima de persecución política en varias ocasiones, pero seguimos unidos.

Vamos a participar en las elecciones, incluso si no lo hacemos con nuestra casilla electoral habitual.

La ciudadanía está esperando a los candidatos de Revolución Ciudadana y estamos seguros de que tendremos presencia en los gobiernos parroquiales, cantonales y provinciales".

También se habla de conflictos internos dentro del movimiento. ¿Eso ha afectado a la organización?

"Los conflictos internos existen en todas las organizaciones, sin embargo la Revolución Ciudadana está más unida que nunca.

Estamos realizando asambleas provinciales y fortaleciendo agendas legislativas, económicas y de seguridad.

Creemos que existe una gran oportunidad para enfrentar la situación actual del país".

Franklin Samaniego también cuestionó el manejo de varias leyes económicas aprobadas por la Asamblea Nacional y sostuvo que existen más de 30 demandas de inconstitucionalidad relacionadas con normativas impulsadas por el oficialismo.

La entrevista completa fue transmitida en el espacio de diálogo de Manavisión Plus.