El debate sobre seguridad en Ecuador se ha intensificado tras el anuncio de nuevas medidas como el toque de queda y decisiones en materia económica y fronteriza. En este contexto, el abogado penalista Nino Cassanello plantea que el análisis no debe limitarse a los efectos inmediatos de estas disposiciones, sino que debe enfocarse en las causas estructurales que sostienen la violencia.
A su criterio, si bien las restricciones pueden incidir en ciertos indicadores, el problema radica en la capacidad de adaptación de las organizaciones criminales y en la permanencia de sus fuentes de financiamiento. Cassanello insiste en que el eje de la estrategia debe centrarse en debilitar las economías ilícitas, fortalecer la aplicación de la ley y mejorar la articulación entre instituciones de control.
¿Qué opina del nuevo toque de queda que regirá desde el 3 de mayo y de los resultados que dejó la última medida aplicada en varias provincias?
Deberíamos hacer un análisis global de lo que ya vivimos cuando la medida se implementó hace algunos días, y proyectarlo hacia este nuevo escenario que, hasta el momento, más allá del anuncio, no tiene mayores especificaciones. Incluso entendemos que hay llamados de los gremios productivos para establecer una línea de trabajo que les permita no paralizar completamente sus actividades.
Si vamos a lo que motivó el último toque de queda, fue básicamente un incremento en incidentes de violencia en la franja horaria entre las 23h00 y las 05h00, particularmente en cuatro provincias. Luego de la medida, el anuncio del Gobierno fue una reducción del 14 % de muertes violentas en relación con el trimestre del año pasado.
Eso nos lleva a entender que, al menos en ese indicador macro de la Organización de Naciones Unidas, parecería que la medida está surtiendo efectos dentro de la visión de seguridad del Gobierno.
¿Cómo se puede equilibrar la seguridad con la actividad productiva?
El propio presidente y sus ministros han señalado que esta medida no debería extenderse más allá de lo ocurrido la primera vez, precisamente porque tiene un costo, que es la afectación a la productividad.
Entiendo que, en esta ocasión, los gremios han pedido al Gobierno espacios para generar corredores seguros para la transportación, optimizar la logística del comercio internacional y atender los cuellos de botella que se están dando en los puertos. Esto podría agravarse si la crisis en Medio Oriente impacta en el costo de los fletes y en los seguros.
Estamos frente a un escenario diferente al anterior, en el que el sector productivo necesita mantener el crecimiento económico. El éxito de la medida estará en lograr reducir las muertes violentas y consolidar esa tendencia, sin que ello incida negativamente en la producción.
¿El toque de queda es suficiente para frenar la violencia?
El problema de la violencia en las calles tiene un fenómeno que ya hemos visto, que es el desplazamiento de las zonas calientes. Eso ha ocurrido, por ejemplo, en Manabí, con muertes violentas registradas esta semana que muchos consideran producto de ese desplazamiento.
Para enfrentar esta movilidad y la capacidad de reorganización de los grupos, la única vía permanente, desde mi perspectiva, es el ataque económico a las estructuras.
Sin dinero no se puede generar logística, no se puede blindar, no se puede disparar ni tomar control territorial. Por eso, más allá de los operativos, debemos apuntar a una mayor incidencia en el procesamiento de delitos económicos como lavado de activos, testaferrismo y enriquecimiento ilícito.
¿Cómo ha cambiado la forma en que opera el crimen organizado?
El fenómeno principal es que se ha camuflado. La finalidad de la delincuencia organizada, de acuerdo con la Convención de Palermo, es el rédito económico, y ese rédito se traduce en mejorar sus condiciones de vida.
No solo acceden a vehículos más caros, ropa o viajes, sino que buscan sostener el valor de su dinero e integrarlo a capitales lícitos. En ese contexto, la actividad inmobiliaria se vuelve un espacio clave.
Buscan invertir en proyectos, adquirir propiedades o alquilar en zonas de alta plusvalía. Esto también responde a la necesidad de acceder a un estatus social y a entornos donde consideran que es más difícil que se ejecuten atentados.
¿Existen herramientas suficientes para enfrentar este problema?
El principal problema es de ejecución. Si una persona tiene ingresos formales de 2.000 o 3.000 dólares mensuales, pero mantiene un estilo de vida que supera ampliamente esos montos, existen indicios claros para iniciar procesos por enriquecimiento no justificado o ilícito.
El Estado cuenta con herramientas como el Servicio de Rentas Internas y otros mecanismos que permiten identificar el origen de los fondos. Si los ingresos no se compadecen con el estilo de vida, la respuesta debería ser el inicio de un proceso. Lograr sentencias en estos casos y avanzar en la depuración de estos delitos es fundamental para atacar la impunidad.
¿Qué papel juega la ciudadanía frente a los capitales ilícitos?
Si como ciudadanía no entendemos que cada muerte es también resultado indirecto de capitales ilícitos que dejamos circular, ese círculo nunca se va a cerrar. Generalmente nos unimos con fuerza contra las muertes violentas, pero no somos capaces de hacerlo con la misma vehemencia frente a los capitales ilícitos.
¿Qué hacer frente a la situación en la frontera norte?
Lo primero es contar con elementos que permitan evaluar las medidas adoptadas. El argumento del Gobierno es que debe asumir costos por controles que el país vecino no está realizando.
Sin embargo, también hay que preguntarse si esas medidas no están generando un incremento en rutas de contrabando. Para responder eso, se necesitarían indicadores que hoy son difíciles de obtener. Aun así, considero que una forma efectiva de reducir estas actividades es golpear su rédito económico, es decir, afectar su dinámica financiera.
¿Cómo cree que la ciudadanía percibe estas medidas?
La gente no necesariamente correlaciona el tema de seguridad con el económico. En términos generales, percibe que el Gobierno está colaborando en la lucha contra el narcotráfico, lo cual puede ser visto como positivo.
Sin embargo, para que estas medidas tengan un efecto sostenido, también se requerirá un esfuerzo económico que implicará mayor control, formalización y cambios en la forma en que las personas interactúan con el sistema financiero. Eso no es sencillo, porque implica que la seguridad también tendrá un impacto directo en la realidad económica de la población.
