En el cantón Paquisha, sector Chinapintza, provincia de Zamora Chinchipe, personal de las Fuerzas Armadas del Ecuador ejecutó una operación contra la minería ilegal. La intervención se enmarca en las acciones de control territorial que las autoridades militares mantienen en zonas de alta vulnerabilidad ambiental y de seguridad en la Amazonía sur del país. El operativo se desarrolló el 26 de abril de 2026.
El sector Chinapintza, ubicado en el cantón Paquisha, ha sido históricamente identificado como un punto crítico de extracción ilícita de minerales. La operación buscaba desarticular infraestructura y logística asociada a esta actividad ilegal, que genera graves impactos ambientales y representa una amenaza para la seguridad nacional.
Minería en Zamora
La provincia de Zamora Chinchipe, fronteriza con Perú, registra una fuerte presencia de minería ilegal que afecta ecosistemas frágiles de la Amazonía. En 2025, solo en esta provincia se ejecutaron 47 operativos de control contra esta actividad, como parte de los más de 386 operativos realizados a nivel nacional ese año. Estas acciones generaron afectaciones económicas superiores a los USD 1,1 millones a las estructuras criminales involucradas.
En lo que va de 2026, las operaciones contra minería ilegal han causado una afectación estimada cercana a los USD 2.000 millones a las economías ilícitas en diferentes provincias, según reportes del Ministerio de Defensa. En Zamora Chinchipe, la minería ilegal ha provocado deforestación, contaminación de ríos con metales pesados y conflictos sociales, además de servir como fuente de financiamiento para otros delitos.
El sector Chinapintza ha sido escenario recurrente de intervenciones militares y policiales en años anteriores, donde se han decomisado explosivos, maquinaria y combustible utilizado para la extracción ilícita.
Impacto ambiental
La minería ilegal en Zamora Chinchipe genera graves daños ambientales, incluyendo la destrucción de bosques, alteración de cauces fluviales y contaminación de fuentes de agua que afectan a comunidades locales y pueblos indígenas. Esta práctica también incrementa riesgos de inseguridad, explotación laboral y otros delitos asociados.
Las operaciones militares buscan no solo desmantelar campamentos y logística ilegal, sino también proteger áreas de alto valor ecológico y restablecer el control estatal en territorios vulnerables. En 2025, acciones similares en la provincia permitieron destruir maquinaria valorada en decenas de millones de dólares y cerrar bocaminas clandestinas.
