Ecuador enfrenta un incremento de ataques y amenazas contra operadores de justicia. Un informe del Consejo de la Judicatura reveló que entre enero de 2024 y mayo de 2026 se registraron 156 hechos violentos relacionados con jueces, funcionarios judiciales y unidades de la Función Judicial.
El documento se presentó este miércoles 27 de mayo de 2026 durante la sesión del pleno n.° 064 del Consejo de la Judicatura. El reporte incluye amenazas, atentados, intimidaciones, persecuciones y falsas alertas de bomba vinculadas con delincuencia organizada, narcotráfico, corrupción y violencia criminal.
Ecuador reporta amenazas y atentados contra jueces
De acuerdo con el informe, a escala nacional se contabilizaron 11 atentados directos contra servidores judiciales, 142 amenazas y falsas alarmas de bomba, además de tres ataques contra infraestructura del sistema de justicia.
Las provincias con más reportes de violencia son Guayas, El Oro, Santa Elena, Pichincha, Los Ríos, Manabí, Sucumbíos y Santo Domingo de los Tsáchilas. El documento advierte que el riesgo no se limita a esos territorios y que otras provincias también registran alertas.
Guayas concentra la mayoría de ataques en Ecuador
El informe identifica a Guayas como la provincia con más incidentes registrados. En ese territorio se reportaron 115 amenazas, incluidas intimidaciones directas contra servidores judiciales y evacuaciones por falsas alertas de bomba.
Mientras tanto, en Esmeraldas se documentaron amenazas sistemáticas contra jueces en zonas consideradas críticas. El reporte detalla que varios operadores judiciales requieren custodia policial debido al nivel de riesgo detectado.
Casos de violencia contra operadores judiciales
El reporte del Consejo de la Judicatura recoge varios hechos violentos registrados en distintas provincias del país:
- El Oro: atentados armados, colocación de artefactos explosivos y asesinato por sicariato de una jueza.
- Guayas: asesinato por sicariato de un liquidador y tentativa de asesinato contra un juez.
- Santa Elena: asesinato bajo la modalidad de sicariato contra un juez penal y funcionarios de Fiscalía.
- Cotopaxi y Pastaza: persecuciones armadas, agresiones e intimidaciones contra jueces y actuarios.
Además, el documento menciona amenazas de muerte, extorsiones, llamadas anónimas, intimidaciones digitales y panfletos dirigidos a funcionarios judiciales en varias provincias de Ecuador.
Judicatura identifica fallas de seguridad en Ecuador
El informe presentado ante los vocales del Consejo de la Judicatura señala varios problemas que dificultan contener estos ataques dentro del sistema judicial ecuatoriano.
Entre los principales puntos constan:
- Falta de personal especializado en seguridad institucional.
- Limitada presencia de custodios policiales.
- Deficiente asignación presupuestaria.
- Obsolescencia de sistemas tecnológicos y videovigilancia.
- Ausencia de inteligencia preventiva.
- Respuesta reactiva luego de consumadas las amenazas.
Asimismo, el reporte menciona que algunas direcciones provinciales implementaron medidas alternativas como teletrabajo, coordinación preventiva con autoridades y solicitudes de análisis de riesgo al Ministerio del Interior.
Medidas y recomendaciones frente a la violencia
El Consejo de la Judicatura informó que desde enero de 2025 se ejecutan protocolos de seguridad para el ingreso y permanencia en edificios judiciales, además de señalética institucional orientada a emergencias.
El informe también propone nuevas acciones para reforzar la seguridad de jueces y funcionarios:
- Fortalecer el convenio con el Ministerio del Interior.
- Garantizar presencia policial permanente.
- Implementar mesas técnicas de seguridad.
- Reformar normativa institucional.
- Ejecutar programas de capacitación.
- Fortalecer sistemas tecnológicos y físicos.
- Implementar audiencias telemáticas en casos de crimen organizado.
- Crear comités técnicos de respuesta inmediata.
- Gestionar presupuesto específico para seguridad judicial.
- Establecer canales directos con Policía Nacional y Ministerio del Interior.
Vocales plantean nuevas acciones de protección
Durante la sesión, la vocal Magaly Ruiz solicitó información sobre jueces que permanecen bajo protección y sobre funcionarios que trabajan bajo modalidad de teletrabajo por seguridad.
Por su parte, el vocal Fabián Fabara pidió mejorar las condiciones telemáticas para audiencias realizadas desde centros penitenciarios. Luego de esas observaciones, la presidenta del Consejo de la Judicatura, Mercedes Caicedo, dispuso impulsar convenios con el Ministerio del Interior y el SNAI para fortalecer la seguridad en dependencias judiciales y habilitar espacios seguros para audiencias virtuales.
