En una operación militar se desinstalaron múltiples cámaras de videovigilancia instaladas de forma ilegal en el distrito La Florida, Guayas. Estos dispositivos, presuntamente utilizados por estructuras criminales para monitorear movimientos de las fuerzas del orden, fueron retirados con el objetivo de debilitar sus mecanismos de vigilancia y recuperar el control territorial en la zona. 

De acuerdo con el informe oficial difundido por las Fuerzas Armadas, el operativo se centró en sectores del distrito La Florida, donde se detectaron cámaras colocadas estratégicamente sin autorización. Estas instalaciones ilegales permitían a los grupos delictivos anticipar y alertar sobre la presencia de policías y militares durante intervenciones.

Operativo militar

La acción forma parte de las operaciones continuas de las FTCG para desarticular redes de apoyo logístico del crimen organizado, que incluyen sistemas clandestinos de videovigilancia. Las cámaras y equipos asociados fueron retirados y puestos a disposición de las autoridades competentes.

Este tipo de intervenciones no es aislado. En mayo de 2026, las Fuerzas Armadas retiraron 44 cámaras y dos routers en los sectores de Martha de Roldós y Mapasingue, también dentro del distrito Florida, en el norte de Guayaquil. Esos dispositivos eran usados presuntamente para narcovigilancia y alertas tempranas.

Acciones contra el crimen

Guayaquil y el Guayas han sido epicentros de acciones contra el crimen organizado, con decenas de operativos militares y policiales orientados a desmantelar infraestructura clandestina. Las cámaras ilegales suelen colocarse en postes, viviendas o estructuras públicas para controlar territorios y advertir sobre patrullajes.

La desinstalación de estos sistemas representa un golpe significativo a las capacidades operativas de las bandas criminales. Al eliminar su "ojo vigilante", se reduce su capacidad de reacción ante operativos de las fuerzas del orden, permitiendo un mayor control estatal en barrios históricamente afectados por la delincuencia.

Las Fuerzas Armadas han intensificado estas acciones en coordinación con otras instituciones, como parte de la estrategia nacional de seguridad que combina presencia militar, inteligencia y recuperación de espacios públicos.