El expresidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), Leonidas Iza, enfrenta una denuncia por secuestro vinculada a la retención de tres uniformados en la comunidad de San Ignacio, parroquia de Toacaso, Cotopaxi.

Los policías permanecen retenidos desde el 18 de agosto. Según dirigentes indígenas locales, los tres uniformados fueron retenidos «por supuestamente intentar atentar contra la vida de Iza».

Leonidas Iza: contexto legal y audiencia de habeas corpus

Carlos Poveda, abogado de Iza, confirmó la existencia de la denuncia tras una audiencia de habeas corpus convocada la madrugada del jueves 21 de agosto. Esta acción «busca la libertad de los tres uniformados que están a la espera de la resolución de la justicia indígena». Aún no se conocen detalles sobre quién presentó la denuncia o si está dirigida contra otras personas.

Poveda manifestó que «sí (existe una denuncia contra Leonidas Iza). Me parece que el día de ayer han presentado una noticia de secuestro en horas de la mañana ante la Fiscalía», y comentó que «lo que siempre esperamos es que se permita el derecho a la defensa, en virtud de que en estas situaciones siempre, de alguna forma, se desconoce cuál es la dinámica de la justicia indígena y a veces se cometen errores bastante crasos».

Respecto a la versión de la Fiscalía sobre que los uniformados retenidos realizaban investigaciones previas, el abogado aclaró: «en la audiencia de habeas corpus dada entre las 03:00 y las 07:00, hasta que se suspendió, no estuvo personal de la Fiscalía presente ni tampoco se habrían exhibido documentos de que hayan abierto una investigación previa o existen órdenes fragmentarias de decisiones de seguimiento».

Cuestionamientos sobre la legalidad

Poveda añadió que aunque dentro del COIP existen mecanismos como «seguimientos con agentes encubiertos», en este caso «no existe constancia de ese tipo de circunstancias». «Por eso, consideró que «se actuó al margen de la ley y eso también es un delito».

El abogado también resumió que «la persecución, el espionaje, también es un delito, así sean funcionarios públicos, es mucho más grave teniendo una potestad del Estado». Estas declaraciones subrayan la tensión entre la justicia indígena y el sistema judicial formal frente al caso que aún genera incertidumbre en Toacaso. (07)