En Ecuador, una persona acusada de asesinato puede enfrentar penas de entre 22 y 26 años de prisión, según lo establece el Código Orgánico Integral Penal (COIP). No obstante, las sanciones pueden extenderse hasta 40 años si se identifican circunstancias agravantes, explicó César Ponce, abogado con experiencia como fiscal y juez en Manta en la provincia de Manabí.

El delito de asesinato según la ley

El artículo 140 del COIP establece que el asesinato se sanciona con penas privativas de libertad de 22 a 26 años. Estas sanciones se aplican en casos donde se determina que hubo intención directa de matar y concurren ciertas condiciones específicas.

Según el abogado de Manta, César Ponce, las penas pueden aumentar si durante la etapa investigativa se comprueban agravantes como alevosía, premeditación, participación de múltiples personas, o si existe un vínculo familiar o de confianza entre la víctima y el agresor.

“Por ejemplo, si el crimen se comete con ventaja o de forma planificada, eso puede justificar una pena más alta”, explicó Ponce. Estas condiciones pueden extender la pena hasta los 40 años de prisión, el máximo permitido actualmente por la legislación ecuatoriana.

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Feminicidio: un tipo penal independiente

El abogado también explicó que el feminicidio se trata como un delito diferente al asesinato. Este tipo penal se configura cuando la víctima es una mujer y el crimen ocurre por razones de género, es decir, cuando el agresor ejerce poder o control sobre ella por su condición de mujer.

“El feminicidio no es un agravante del asesinato, es un tipo penal autónomo”, indicó Ponce. Este delito está regulado por el artículo 141 del COIP y contempla la misma pena base que el asesinato, pero también puede agravarse si concurren otras circunstancias.

Entre las condiciones que pueden agravar la pena están que la víctima sea embarazada, menor de edad, que el acto haya sido cometido delante de hijos, o que el agresor tenga antecedentes de violencia intrafamiliar.

Ejemplo local: caso en Montecristi

César Ponce recordó un caso ocurrido en Montecristi, cantón manabita, que es parte del Distrito Manta, en el que los responsables del asesinato eran familiares de las víctimas. Debido a esta circunstancia y a otras agravantes, el tribunal dictó una pena de 40 años de prisión.

“Ese es uno de los pocos casos en que se ha aplicado la sanción más alta permitida por la ley penal en esta provincia”, mencionó el jurista. Aunque no precisó el año del hecho, aseguró que el caso fue resuelto con sentencia ejecutoriada.

Contexto y aplicación del COIP en Ecuador

El COIP entró en vigencia en 2014 y establece un marco penal más estricto en comparación con el anterior Código Penal. La normativa se aplica en todo el territorio ecuatoriano, incluidas provincias con altos índices de criminalidad como Manabí.

Este cuerpo legal busca garantizar una justicia más efectiva frente a delitos graves como homicidios, asesinatos, feminicidios y violencia de género. El establecimiento de penas agravadas responde a la necesidad de proteger a las víctimas y desincentivar la impunidad.

Las cifras del sistema judicial ecuatoriano muestran que los delitos de asesinato y feminicidio siguen siendo una preocupación constante. El fortalecimiento del sistema penal es parte de los esfuerzos por enfrentar la violencia criminal en el país.

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