La Corte Constitucional desestimó la acción de inconstitucionalidad presentada por el asambleísta Luis Fernando Molina contra la reforma al reglamento para la selección y designación del Fiscal General del Estado.
La sentencia 29-26-IN/26, notificada este martes, avala la legalidad del proceso liderado por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs). Con este fallo, el concurso de méritos y oposición para elegir a la máxima autoridad de la Fiscalía General del Estado continúa bajo las reglas actuales.
Demanda sobre probidad notoria
La acción de inconstitucionalidad buscaba derogar una disposición que permite postular a abogados que hayan ejercido la defensa técnica de personas procesadas por delitos graves, como narcotráfico y crimen organizado.
Molina argumentaba que este aspecto vulneraba el requisito constitucional de probidad notoria. La Corte rechazó este planteamiento al considerar que el ejercicio de la defensa técnica es una función amparada constitucionalmente.
Derecho a la defensa y legitimidad del proceso
En su análisis, el organismo señaló que sancionar el patrocinio a personas vinculadas a delitos graves desnaturalizaría el rol del abogado defensor y erosionaría garantías fundamentales como el derecho a la defensa y la presunción de inocencia.
Además, la Corte validó los tiempos de la reforma. La modificación al reglamento se publicó el 2 de julio de 2025, mientras que el concurso inició formalmente el 12 de febrero de 2026, es decir, 225 días después. Esto descartó cualquier afectación por cambio de reglas de último momento.
Filtros de probidad y continuidad del concurso
La sentencia enfatiza que el reglamento mantiene mecanismos suficientes para garantizar la idoneidad de los postulantes, como la prohibición de tener sentencias condenatorias, revisión de antecedentes disciplinarios y la fase de impugnación ciudadana.
Con esta decisión, el Cpccs puede avanzar sin contratiempos en las siguientes etapas de selección del nuevo Fiscal General del Estado.
