Contenido Comercial. La deuda estatal con gobiernos locales profundiza la crisis económica en Ecuador
En medio de una creciente crisis económica y social, los gobiernos locales o autónomos descentralizados (GAD) de Ecuador han encendido las alarmas ante la falta de recursos que el Estado les adeuda. Según denuncias presentadas por los prefectos de Guayas, Pichincha, Cañar, Azuay, Santo Domingo, Sucumbíos, Orellana e Imbabura, la deuda del Gobierno Nacional supera los 614 millones de dólares, lo que ha paralizado proyectos fundamentales en infraestructura, salud y educación en varias provincias.
Esta situación llevó a la Comisión de Gobiernos Autónomos, Descentralización, Competencias y Organización del Territorio de la Asamblea Nacional a reunirse en Manabí para exigir respuestas urgentes al Ejecutivo. Durante la sesión, se evidenció cómo la falta de financiamiento no solo afecta a las instituciones locales, sino que también compromete el bienestar de miles de ecuatorianos que dependen de estos servicios.
El caso emblemático de Manabí
Manabí, una de las provincias más golpeadas por la emergencia climática, enfrenta una de las peores temporadas invernales de su historia. Según el prefecto Leonardo Orlando , seis de cada diez familias están afectadas, mientras que 22 cantones y 56 parroquias rurales reportan graves daños en infraestructura y vivienda. A esto se suma la deuda de 46,8 millones de dólares que el Gobierno Nacional mantiene con la provincia, retrasando obras esenciales como la reconstrucción de vías, sistemas de drenaje y centros de salud.
“Estamos hablando de comunidades enteras que no pueden recuperarse porque no hay recursos para atender sus necesidades básicas”, señaló García durante su intervención. La falta de inversión en medio de una crisis climática agrava aún más la vulnerabilidad de estas poblaciones.
Gobiernos locales en emergencia y sin recursos del gobierno
Por su parte, Paola Pabón, prefecta de Pichincha y presidenta del Consejo Nacional de Gobiernos Provinciales del Ecuador (CONGOPE), recordó que estos fondos no pertenecen al Gobierno Nacional, sino que son recursos transferidos por ley a los territorios para garantizar su desarrollo. “El incumplimiento en la asignación de estos recursos no solo es un problema económico, sino también jurídico y ético”, afirmó Pabón.
Los prefectos insistieron en que la falta de financiamiento está directamente relacionada con la gestión del ministro de Finanzas, Luis Jaramillo. A este lo responsabilizan por el retraso en las transferencias. Ante esta situación, la comisión legislativa resolvió elevar al pleno de la Asamblea un pedido de juicio político contra el funcionario. Además de exigir la entrega inmediata de los recursos adeudados.
La falta de financiamiento no solo impacta a las ciudades, sino que también pone en jaque a las comunidades rurales, donde los efectos de la crisis son más profundos. Representantes del CONAGOPARE (Consejo Nacional de Gobiernos Parroquiales Rurales) y la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas (AME) respaldaron el reclamo de los gobiernos locales y alertaron sobre las consecuencias de este desfinanciamiento.
“Las comunidades rurales son las más afectadas porque dependen directamente de los proyectos impulsados por los GAD. Sin recursos, no hay caminos, no hay agua potable, no hay escuelas ni hospitales”, señaló uno de los representantes presentes en la sesión.
Un llamado al diálogo y a la acción urgente
A pesar de la gravedad de la situación, los prefectos aseguran que su prioridad sigue siendo el diálogo con el Gobierno Nacional. Sin embargo, advierten que no están dispuestos a esperar indefinidamente. “Si no hay soluciones inmediatas, la crisis se agravará aún más, y serán los ciudadanos quienes pagarán las consecuencias”, advirtió un vocero de la comisión.
La situación refleja una vez más las tensiones entre el Gobierno Central y los gobiernos locales, un tema recurrente en la política ecuatoriana. Mientras tanto, los ecuatorianos siguen pagando el costo de una administración central que, según los prefectos, no cumple con sus obligaciones constitucionales.
La crisis económica y social que atraviesa Ecuador no es nueva, pero la falta de recursos para los gobiernos locales la agrava considerablemente. Los proyectos paralizados, las comunidades afectadas y las demandas insatisfechas ponen en evidencia la necesidad de una reforma estructural. Una reforma que garantice la correcta distribución de los recursos públicos.
Mientras el debate político sigue su curso, las provincias no pueden esperar más, y el Gobierno Nacional tiene la responsabilidad de actuar. Esto, antes de que la crisis se convierta en una tragedia humanitaria.
