El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y la comisión ciudadana defendieron la organización del concurso público para elegir fiscal general, iniciado en febrero de 2026 en Ecuador, ante cuestionamientos de organizaciones civiles, porque sostienen que cumple la normativa vigente.
El concurso público para designar a la primera autoridad de la Fiscalía General del Estado atraviesa la fase de postulaciones, que concluirá el 3 de marzo. De manera extraoficial, se conoce que más de 20 personas se habrían preinscrito, aunque aún no formalizan su registro en la plataforma habilitada.
Este proceso se convocó el 18 de febrero de 2026, luego de que la Fiscalía permaneciera sin titular definitivo tras la salida de Diana Salazar, cuyo periodo concluyó en abril de 2025 y que renunció después de dos meses prorrogados. El concurso se rige por cinco etapas y tiene plazos definidos.
La organización del concurso está a cargo de una comisión ciudadana integrada por diez miembros: cinco representantes de la ciudadanía y cinco delegados de las funciones Ejecutiva, Legislativa, Judicial, Electoral y de Transparencia y Control Social. Esta comisión tiene cuatro meses, con posible prórroga de dos, para concluir el proceso.
Defensa institucional frente a críticas
Durante una sesión realizada la noche del 21 de febrero, la presidenta de la comisión, Cynthia Jacho, leyó un pronunciamiento oficial. "Ante los cuestionamientos públicos, esta comisión responde con trabajo, cohesión institucional y decisiones fundamentadas en la normativa", afirmó.
Las observaciones provienen de organizaciones no gubernamentales que realizan veeduría. Estas han cuestionado perfiles de algunos comisionados, entre ellos el de Jacho, por su calificación en la fase de méritos y su experiencia profesional reciente como abogada júnior y asistente jurídica.
También existen reparos sobre otros integrantes, como el delegado del Ejecutivo, David Flores, funcionario del Ministerio de Desarrollo Humano, y el representante del Consejo Nacional Electoral, Tayron Valarezo, por su trayectoria profesional previa.
Reacción de vocales del CPCCS
A las críticas se sumó la reacción de varios vocales del CPCCS. Roberto Gilbert expresó su inconformidad por el tratamiento mediático recibido. "Estamos siendo expuestos como farsantes y dicen que el concurso ya está hecho", señaló durante una reunión virtual. Agregó que fueron electos por voto popular y que deben responder públicamente.
A su postura se unieron Andrés Fantoni, presidente del Consejo, y la vocal Piedad Cuarán. Fantoni afirmó: "No podemos permitir que se mancille tanto esfuerzo ni que se lance lodo sobre el concurso para provocar un resultado negativo". Añadió que los procesos avanzan conforme al cronograma. Este respaldo ocurre pese a que el CPCCS mantiene pendientes otros concursos, como la renovación del CNE, cuyos consejeros están en funciones prorrogadas desde 2024, tras retrasos acumulados desde 2021.
Plazos y proyección del proceso
En un comunicado difundido el 26 de febrero, el Consejo indicó que "rechaza las afirmaciones que, sin sustento jurídico, pretenden deslegitimar un proceso constitucional de alta relevancia". El documento asegura que cada fase se cumple con estricto apego al ordenamiento jurídico. La comisión ciudadana deberá remitir al pleno del CPCCS el informe final de calificaciones, para que se designe al nuevo fiscal general. Se proyecta que el proceso concluya en agosto, según el cronograma oficial vigente.
