El proyecto de ciclovías de Santo Domingo enfrenta un proceso de fiscalización impulsado por la concejal Liliana Silva, luego de una sentencia judicial del 15 de enero de 2026 que ordenó al Municipio entregar documentación certificada sobre una obra financiada con aproximadamente 4 millones de dólares, cuya ejecución y conservación han generado inquietudes públicas.
La obra se ejecutó en Santo Domingo
La red de ciclovías municipales abarca cerca de 35 kilómetros distribuidos en varios ejes viales del cantón. Los tramos fueron señalizados con pintura azul, algunos sectores cuentan con adoquines y se instalaron estructuras complementarias para delimitar el carril exclusivo de bicicletas.
Sin embargo, recorridos ciudadanos y registros fotográficos muestran que buena parte de la infraestructura presenta deterioro prematuro. En distintos puntos la señalización se encuentra desvanecida, existen tramos sin mantenimiento visible y elementos protectores dañados o ausentes.
A ello se suma el uso indebido del carril por parte de motocicletas y otros vehículos, situación que limita su funcionalidad para ciclistas y pone en entredicho su impacto real en movilidad sostenible.
"Sin estudio técnico real", según la concejal
Liliana Silva sostiene que el proyecto fue ejecutado sin un estudio técnico integral ni un plan de manejo adecuado. A su criterio, esto explicaría el rápido desgaste de la infraestructura y la falta de uniformidad en los tramos construidos.
La concejal de Santo Domingo ha insistido en que su trabajo no busca sancionar sin pruebas, sino obtener información oficial que permita evaluar con rigor el uso de recursos públicos. Para ella, la transparencia es clave cuando se manejan inversiones millonarias.
Mientras tanto, colectivos ciudadanos han manifestado inquietudes similares y piden una revisión técnica independiente del estado actual de las ciclovías.
Pedidos de información y fallo judicial
El 4 de julio de 2024, Silva solicitó formalmente al alcalde de Santo Domingo Wilson Erazo que instruyera a la EPMT-SD la entrega de copias certificadas de toda la documentación del proyecto: estudios, contratos, planos, informes técnicos y reportes de mantenimiento.
En un año y medio presentó cinco insistencias sin recibir respuesta completa, lo que motivó una acción constitucional de acceso a la información pública. El 15 de enero de 2026, un juez falló a su favor y otorgó un plazo de 10 días para la entrega de los documentos.
Ese tiempo venció sin que la información haya sido remitida, por lo que la concejal advirtió que podrían iniciarse acciones legales por incumplimiento de una disposición judicial.
Postura del Municipio y réplica
El alcalde Erazo ha señalado que los contratos municipales están disponibles en el portal de compras públicas y que no sería necesario un requerimiento adicional.
Silva respondió que la plataforma digital no sustituye las copias certificadas con firmas, responsables y anexos técnicos, documentos indispensables para un proceso de fiscalización formal y verificable.
Los tramos se encuentran principalmente en las avenidas Río Toachi, 29 de Mayo, Quito, Tsáchila, Anillo Vial y en un segmento del baipás hacia la vía Aventura.
En varias de estas arterias, vecinos reportan falta de mantenimiento, pintura borrada y obstáculos que obligan a los ciclistas a invadir carriles vehiculares.
Investigación abierta
Hasta contar con toda la documentación oficial, la concejal asegura que no puede emitir conclusiones definitivas ni responsabilidades formales. El proceso continúa a la espera del cumplimiento de la sentencia judicial.
El caso también ha reavivado el debate sobre movilidad urbana, inversión pública y planificación técnica en Santo Domingo, donde colectivos pro movilidad sostenible exigen estándares más claros para futuras obras.
