El asesinato de la jueza Lady Pachar Huanga generó reacciones y pedidos urgentes de protección por parte del Colegio de Abogados de El Oro, que solicitó al Gobierno Nacional reforzar la seguridad para jueces, fiscales y servidores judiciales de la provincia.

La petición fue realizada por Ana María Jaramillo Carrión, integrante del gremio y miembro de la comisión académica y de la comisión de programas y proyectos del Colegio de Abogados de El Oro. La jurista señaló que el crimen evidencia el nivel de vulnerabilidad en el que trabajan los operadores de justicia frente al avance de la violencia criminal.

"Hoy perdemos a una compañera, la doctora Lady Pachar, quien ya había hecho conocer la situación de riesgo en la que se encontraba", manifestó Jaramillo al referirse al asesinato de la magistrada.

Cuestionamientos sobre medidas de seguridad

La representante del gremio recordó que, según declaraciones públicas de la Policía Nacional, la jueza contaba con dos custodios asignados debido a amenazas previas. Sin embargo, cuestionó que al momento del ataque la funcionaria judicial se encontrara sola dentro de su vehículo.

"Quien tenía la obligación de cuidarla y garantizar su seguridad no estuvo ahí", expresó.

Jaramillo sostuvo que el problema de inseguridad no afecta únicamente a jueces y fiscales, sino también a abogados y ciudadanos en general. Según indicó, el temor forma parte de la realidad diaria de quienes deben ejercer funciones relacionadas con la administración de justicia en la provincia.

La abogada agregó que la situación de violencia en El Oro se mantiene como una preocupación permanente para distintos sectores sociales y profesionales.

Violencia en la provincia de El Oro

De acuerdo con datos mencionados por la integrante del Colegio de Abogados, la provincia de El Oro cerró el año anterior con 720 muertes violentas, de las cuales 344 ocurrieron en Machala.

Además, señaló que el 12 % de esos casos correspondieron a femicidios, reflejando el impacto de la violencia criminal en la provincia fronteriza.

En ese contexto, Jaramillo cuestionó que autoridades hagan públicos los nombres e identidades de jueces y administradores de justicia, pues considera que esa exposición incrementa el riesgo frente a posibles amenazas de organizaciones delictivas.

"El principal pedido es que se deje de exponer públicamente a los operadores de justicia y se les otorguen garantías suficientes para desempeñar sus funciones", manifestó.

Pedido de protección inmediata

La integrante del gremio indicó que uno de los temas que actualmente preocupa a jueces y abogados es la falta de garantías de seguridad para ejercer sus actividades de manera independiente.

Según explicó, el asesinato de la jueza Lady Pachar también puede interpretarse como un mensaje de intimidación dirigido hacia el sistema judicial.

"Este crimen debe ser interpretado como un mensaje de disciplinamiento para los demás jueces", advirtió.

Respecto a las medidas adoptadas tras el crimen, Jaramillo consideró que el teletrabajo podría ser una alternativa temporal mientras se implementan acciones de protección más efectivas.

Finalmente, insistió en la necesidad de brindar seguridad inmediata a jueces, fiscales, magistrados y servidores judiciales, especialmente a quienes laboran en áreas penales debido al riesgo que enfrentan diariamente en medio de la crisis de violencia que atraviesa la provincia.