El pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE) rechazó el recurso legal presentado por los dirigentes del partido político Unidad Popular, impidiendo así detener el proceso de cancelación de su personería.
Esta medida administrativa implica la salida oficial de Unidad Popular del listado de agrupaciones habilitadas para participar en los próximos comicios electorales dentro del Ecuador.
El CNE contra Unidad Popular
Este suceso marca un hito en el control de las organizaciones políticas, mientras el CNE continúa depurando el registro nacional según las normativas vigentes actuales.
Los votos de la titular Diana Atamaint, acompañados por los consejeros José Merino y Mónica Noriega, inclinaron la balanza para negar cualquier rectificación a Unidad Popular.
La consejera María Cristina Kronfle mostró su postura divergente durante el pleno, al argumentar que el organismo actuó a destiempo en este proceso de control administrativo. Mientras tanto, los consejeros Elena Nájera y José Cabrera se ausentaron de la sesión, dejando el camino libre para que los votos mayoritarios decidieran el destino.
El informe técnico alcanzó la aprobación necesaria con tres votos positivos, lo cual formaliza el procedimiento iniciado contra el grupo político en cuestión esta misma jornada. La presidenta Diana Atamaint sostuvo que Unidad Popular redujo su padrón de afiliados a una cantidad inferior al 50 % de lo requerido por la actual Ley.
"Es necesario dejar sentado que este órgano electoral ha tratado con total responsabilidad el criterio y los requerimientos de cada uno de los concejeros tanto principales como suplentes. Así como de la organización política", dijo la presidenta del CNE antes de dar su voto a favor del informe.
Debates sobre Unidad Popular
Por su parte, la consejera Elena Nájera divulgó un memorando cuestionando la legalidad de esta sesión, alegando que el tema ya recibió resolución en una instancia previa. Ella insiste en que Unidad Popular permanece habilitado en el registro oficial, permitiéndole participar en las futuras elecciones seccionales programadas para el próximo noviembre de 2026.
"Las decisiones del Pleno del CNE no pueden quedar sometidas a interpretaciones cambiantes, ni a maniobras posteriores a una votación legalmente ejecutoriada", publicó esta mañana. "Cuando una resolución produce efectos jurídicos inmediatos, lo que corresponde es respetar el debido proceso y garantizar seguridad jurídica al Ecuador", agregó la funcionaria en redes.
