El juez de la Unidad Penal para el Juzgamiento de Delitos Relacionados con Corrupción y Crimen Organizado, Jairo García, convocó para las 09:00 del viernes 12 de junio de 2026 la diligencia de recepción del testimonio anticipado de José C., ciudadano cuya denuncia dio origen al caso Goleada.

La diligencia se realizará en la cámara de Gesell del Complejo Judicial Norte de Quito, como parte de una investigación por presunto lavado de activos que se encuentra en etapa de instrucción fiscal.

Diligencia solicitada por Fiscalía

El pedido para recibir el testimonio anticipado fue presentado por el fiscal de la Unidad de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, Dennis Villavicencio, mediante un escrito ingresado el pasado 3 de junio de 2026.

Según informó la Fiscalía, José C. mantiene la calidad de testigo protegido dentro del Sistema de Protección y Asistencia a Víctimas, Testigos y otros Participantes en el Proceso Penal (SPAVT). Por esa razón, la diligencia se desarrollará bajo medidas especiales de protección.

El testimonio anticipado es una figura procesal que permite recoger una declaración antes de etapas posteriores del juicio. De esta forma, la información entregada por el testigo queda incorporada al proceso judicial conforme a las disposiciones legales vigentes.

Investigación por presunto lavado de activos

El caso Goleada investiga una presunta estructura empresarial y familiar relacionada con operaciones financieras y comerciales derivadas de la comercialización irregular de combustibles. Dentro de esta causa es investigado el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez Henriques, junto con personas de su entorno familiar. La investigación busca determinar la existencia de posibles operaciones vinculadas al delito de lavado de activos.

Actualmente, la causa registra 28 personas naturales y jurídicas procesadas. El expediente permanece en la fase de instrucción fiscal, etapa en la que la Fiscalía continúa recopilando elementos para sustentar su teoría del caso.

Cómo se originó el caso Goleada

Cuando la Fiscalía reformuló cargos de delincuencia organizada por lavado de activos, el pasado 14 de mayo, recordó que la investigación comenzó a partir de una denuncia que alertó sobre una presunta estructura delictiva que habría operado desde el año 2021.

De acuerdo con la versión expuesta por el Ministerio Público, el grupo investigado habría cometido presuntamente delitos relacionados con delincuencia organizada, lavado de activos y testaferrismo. Además, la denuncia señala que las actividades investigadas habrían causado un perjuicio al Estado ecuatoriano.

La teoría fiscal sostiene que el grupo empresarial y familiar "habría adquirido grandes volúmenes de diésel subsidiado por el Estado para su centro de distribución, el que debían despachar a embarcaciones de bandera nacional".

Hipótesis de la Fiscalía

Según la hipótesis presentada por la Fiscalía, parte de ese combustible habría sido desviado a embarcaciones internacionales. Además, los recursos económicos obtenidos de esas operaciones habrían servido para la creación de empresas domiciliadas en Panamá.

La institución sostiene que esas compañías habrían sido utilizadas para obtener beneficios económicos indebidos mediante la simulación de obligaciones financieras, la omisión de ingresos y la apariencia de gastos.

Por ahora, estas afirmaciones forman parte de la teoría investigativa del Ministerio Público y deberán ser analizadas dentro del proceso judicial. En ese contexto, el testimonio anticipado del denunciante del caso Goleada, previsto para el 12 de junio, constituye una de las diligencias relevantes dentro de una causa que continúa en etapa de investigación por presunto lavado de activos.