Juan Alvia, representante legal de la embarcación Fiorella afirmó que autoridades de Capitanía del Puerto de Manta habrían señalado que los tripulantes desaparecidos estarían involucrados en actividades ilícitas, tras la desaparición ocurrida el 20 de enero, en aguas frente a la costa de Manabí, Ecuador, mientras familiares exigen información oficial sobre las labores de búsqueda.

Se solicita información sin resultados

El representante jurídico de la embarcación Fiorella, Juan Alvia, declaró que durante reuniones sostenidas con autoridades marítimas, específicamente en Capitanía del Puerto de Manta, se habría mencionado que las consecuencias de la desaparición estarían relacionadas con presuntos actos ilícitos. Según el abogado, estas afirmaciones fueron realizadas por un funcionario identificado como teniente Criollo,  en al menos dos encuentros con familiares y allegados de la tripulación.

El caso corresponde a la desaparición de la embarcación pesquera Fiorella, que partió con 10 tripulantes y perdió contacto en altamar. Hasta el momento, no se ha determinado oficialmente la causa del hecho ni el paradero de la nave. Dos tripulantes lograron regresar a tierra en otra embarcación, mientras que los demás continúan desaparecidos.

De acuerdo con el testimonio de Alvia, los familiares han solicitado reiteradamente información sobre las acciones de búsqueda realizadas por las autoridades marítimas. Sin embargo, aseguran que las respuestas han sido limitadas y sin detalles específicos sobre fechas, rutas o recursos utilizados en los operativos.

Búsqueda y reportes oficiales

Tras la pérdida de contacto, los armadores habrían activado mecanismos de búsqueda de manera independiente, incluyendo la contratación de otra embarcación para rastrear la zona. Durante estas labores, se reportó el hallazgo de artes de pesca pertenecientes a la Fiorella, sin que se encontraran otros indicios concluyentes sobre el destino de la nave.

Por su parte, la Fiscalía General del Estado, según lo indicado por el representante legal, habría informado que sus capacidades de búsqueda se limitan al ámbito terrestre, como hospitales o dependencias policiales, debido a la falta de recursos para operaciones marítimas.

Hasta la fecha, no se ha difundido un informe oficial detallado que precise el alcance de las operaciones de búsqueda en el mar, ni los resultados obtenidos por las autoridades competentes.

Testimonios y circunstancias previas

Los dos tripulantes que regresaron a tierra en una lancha que también andaba en pesca con el barco Fiorella, según Jhonny Valencia, padre de Juan Carlos Valencia, quien las hacía de capitán del pesquero en sus declaraciones dijeron que, antes de la desaparición, observaron la presencia de drones y aeronaves sobrevolando la zona donde operaban las embarcaciones pesqueras. También señalaron haber visto una columna de humo en el horizonte el día en que se perdió contacto con la Fiorella.

Adicionalmente, el padre del capitán de la embarcación, manifestó que la última comunicación con su hijo ocurrió la mañana del 20 de enero, cuando la tripulación realizaba labores de pesca con normalidad.

Las coordenadas aproximadas proporcionadas ubican a la embarcación a unas 240 a 250 millas de la costa ecuatoriana, dentro de la zona donde operaban habitualmente.

Reacciones y situación actual

Los familiares de los tripulantes desaparecidos han mantenido gestiones constantes ante las autoridades marítimas en busca de información. También han solicitado que se transparente el detalle de las operaciones realizadas y se continúe con las labores de localización.

Hasta el momento, las autoridades no han emitido un pronunciamiento público detallado sobre las declaraciones del representante legal ni sobre la supuesta insinuación de actividades ilícitas atribuida a funcionarios de Capitanía.

El caso continúa sin resolución oficial, mientras persisten las solicitudes de información y las gestiones para esclarecer lo ocurrido con la embarcación Fiorella y sus tripulantes.

Cabe señalar que el Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) emitió el lunes 13 de abril pasado, un petitorio de acción urgente exigiendo al Estado ecuatoriano la búsqueda y localización inmediata de los tripulantes.

La fecha límite para que se pronuncie el Estado ecuatoriano, se fijó  para este 27 de abril de 2026 para que entregue un informe oficial sobre las medidas adoptadas al respecto.