La Asamblea Nacional aprobó el 26 de febrero de 2026 una reforma a la Ley para el Fortalecimiento de los Sectores Estratégicos de Minería y Energía, enviada por el presidente Daniel Noboa, que autoriza a municipios de Galápagos a otorgar permisos para la extracción de áridos y pétreos fuera del Parque Nacional Galápagos, con el argumento de cubrir demanda local de construcción.
Disposición incluida en segundo debate
La norma aprobada no constaba en el proyecto original enviado por el Ejecutivo. El informe para segundo debate incorporó el texto que habilita permisos de libre aprovechamiento y permisos para extracción de materiales destinados a construcción en Zonas de Aprovechamiento Sustentable.
El artículo señala que en la provincia solo podrán otorgarse permisos para áridos y pétreos dentro de esas zonas y fuera del área del parque. También prioriza principios de economía circular, reutilización y reciclaje.
El asambleísta David Arias defendió la disposición durante el debate. Afirmó que la reforma no autoriza minería metálica y busca reducir la huella logística del transporte de materiales. Arias pidió un aplauso para Valentina Centeno, presidenta de la Comisión de Desarrollo, por aceptar su propuesta. Sostuvo que la medida atiende necesidades de la población local y protege empleos vinculados al transporte y la construcción.
Críticas por posible expansión urbana
La asambleísta Verónica Íñiguez solicitó retirar el artículo. Advirtió que podría permitir extracción privada y fomentar expansión urbana en un territorio donde el 97 % del suelo es parque nacional. Íñiguez reconoció la escasez de materiales tras el cierre de una cantera pública dentro del parque. Sin embargo, afirmó que habilitar a privados sin controles claros no constituye una solución adecuada.
También cuestionó que los gobiernos autónomos descentralizados no han frenado la expansión urbana. Señaló que varios municipios carecen de planes sólidos de manejo de desechos y control territorial. La legisladora alertó sobre impactos ambientales. Explicó que la remoción de suelo y vegetación puede afectar hábitats de especies endémicas y zonas de anidación de tortugas.
Postura del Ministerio del Ambiente
La ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano, negó que la reforma permita minería privada. Declaró: "Dentro del Parque Nacional Galápagos no puede haber minería, soy enfática en eso". Manzano explicó que los permisos corresponden a los municipios y que solo aplican para obra pública. Indicó que cada autorización requerirá licencia ambiental y estudios técnicos rigurosos.
Recordó que desde 2025 ordenó cerrar todas las minas de materiales pétreos, incluida una que operaba dentro del parque. Argumentó que esa actividad contradecía la Constitución y el carácter de Patrimonio Natural de la Humanidad. Añadió que prepara un acuerdo para que en 2030 el 50 % de los materiales de construcción en viviendas del archipiélago respondan a principios de economía circular.
Observaciones jurídicas y ambientales
El abogado ambientalista Hugo Echeverría señaló que el texto presenta ambigüedad. Explicó que no aclara si los permisos serán exclusivos para entidades públicas o también para privados. Indicó que la Ley de Minería ya permite libre aprovechamiento por particulares. Por eso advirtió que la redacción podría abrir interpretaciones en normativa secundaria.
Echeverría sostuvo que el régimen especial de administración de Galápagos tiene base constitucional. Además recordó que el archipiélago constituye Patrimonio Natural de la Humanidad y exige obligaciones internacionales.El debate sobre la reforma minera en Galápagos continúa. Sectores políticos y ambientales analizan el alcance de la extracción de áridos y pétreos fuera del Parque Nacional Galápagos.
