La jueza Karen Alarcón Macías, de la Unidad Judicial Multicompetente de Samborondón, llamó a juicio este miércoles 1 de julio de 2026 al alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, por el presunto delito de incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente, al considerar procedente el pedido formulado por la Fiscalía General del Estado dentro del proceso relacionado con el retiro del grillete electrónico que portaba como medida cautelar.
La decisión fue adoptada durante la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio, en la que la magistrada acogió la solicitud presentada por la fiscal Lisset Barragán Álvarez. La investigación sostiene que el alcalde habría retirado el dispositivo de vigilancia electrónica sin contar con autorización judicial.
El llamado a juicio constituye una nueva etapa del proceso penal y permitirá que el caso avance hacia la fase de juzgamiento, donde se determinará la responsabilidad o no del procesado conforme a las pruebas que sean admitidas.
Fiscalía presentó elementos de convicción
Durante la audiencia, la Fiscalía General del Estado expuso 25 elementos de convicción para sustentar su acusación. Entre ellos constan 33 alertas emitidas por el Servicio Nacional de Atención Integral (SNAI) relacionadas con el dispositivo de vigilancia electrónica, pericias técnicas de audio, video y reconocimiento del lugar de los hechos, así como un informe pericial que determinó la ausencia de un tornillo de seguridad en el grillete.
De acuerdo con la acusación fiscal, esa alteración habría impedido que el sistema generara las alertas correspondientes por el retiro de la pulsera electrónica. Además, se incorporó un parte policial en el que se deja constancia de que el alcalde fue encontrado sin el dispositivo.
Durante la diligencia también se conoció que la defensa de Aquiles Alvarez planteó la posibilidad de acogerse a un procedimiento abreviado. Sin embargo, el trámite continuó y la jueza resolvió llamar a juicio al funcionario.
Defensa cuestiona la resolución
Tras conocerse la decisión, el abogado Julio César Cueva cuestionó públicamente la resolución judicial y sostuvo que existen discrepancias respecto a la valoración de los elementos incorporados por la Fiscalía durante la etapa preparatoria del proceso.
Este caso se originó el 10 de febrero de 2026, cuando, durante un allanamiento ejecutado dentro de la investigación denominada caso Goleada, la Policía reportó que Aquiles Alvarez no portaba el grillete electrónico impuesto como medida cautelar. A partir de ese hecho, la Fiscalía abrió una investigación independiente por el presunto incumplimiento de una decisión judicial.
En el desarrollo del proceso, la defensa presentó recursos como una solicitud de caución, un habeas corpus y un pedido de recusación contra la jueza encargada del caso. Todos estos recursos fueron negados por las autoridades judiciales competentes, por lo que el proceso continúa ahora con la etapa de juicio.