La Corte de Justicia de Pichincha ratificó el 20 de junio de 2025 la condena de tres años de prisión contra María Belén Domínguez, exjueza declarada autora del delito de tráfico de influencias por favorecer al exalcalde de Quito, Jorge Yunda, con una acción constitucional en 2021. La decisión, tomada tras una audiencia de apelación, confirma la sentencia de primera instancia del 24 de enero de 2024. La Fiscalía General del Estado informó que Domínguez aún puede presentar un recurso de casación.
La resolución se dictó al concluir la audiencia de apelación a la sentencia de primera instancia emitida el 24 de enero de 2024. La Corte también rechazó el pedido de revisión de medidas cautelares solicitado por la defensa, considerándolo improcedente, según informó la Fiscalía General del Estado.
Remoción de Jorge Yunda
El caso se remonta al 3 de junio de 2021, cuando el Concejo Metropolitano de Quito aprobó la remoción de Jorge Yunda como alcalde. Días después, Domínguez concedió una acción constitucional que permitió a Yunda mantenerse temporalmente en el cargo. Según la Fiscalía, la exjueza ejerció influencia sobre dos ayudantes judiciales para tramitar irregularmente la acción presentada por Yunda, con el objetivo de evitar su salida. En octubre de 2021, el Consejo de la Judicatura destituyó a Domínguez por estas irregularidades.
La Fiscalía detalló que Domínguez instruyó a sus colaboradoras para ingresar la acción de Yunda como un caso de violencia contra la mujer y la familia, un acto urgente que requería asistencia judicial recíproca. Este procedimiento evitó que la causa se sorteara entre los 300 jueces de Pichincha, limitándola a los cuatro de la unidad de Quitumbe, donde Domínguez tenía jurisdicción. La acción debía tramitarse como materia constitucional, lo que habría garantizado un sorteo más amplio. Una pericia informática forense presentada por el fiscal provincial de Pichincha (e), John Romo, transcribió las disposiciones de Domínguez a una de las ayudantes, respaldando la acusación.
En la sentencia de primera instancia, los jueces otorgaron a Domínguez la suspensión condicional de la pena, conforme al artículo 630 del Código Orgánico Integral Penal (COIP). Sin embargo, la exjueza apeló, argumentando que el Tribunal de primera instancia no valoró correctamente las pruebas y que los testimonios de las ayudantes carecían de coherencia. Durante la audiencia de apelación, el fiscal Romo rebatío estos argumentos, afirmando que la conducta de Domínguez se ajusta al delito de tráfico de influencias, tipificado en el artículo 285 del COIP. Los testimonios anticipados de las ayudantes detallaron cómo la exjueza dio instrucciones directas para beneficiar a Yunda.
Contexto judicial y político
El caso de Domínguez se enmarca en un período de alta tensión política en Ecuador, tras la remoción de Yunda en 2021, que desató controversias sobre la gestión municipal y el papel del Poder Judicial. La acción constitucional otorgada por Domínguez generó críticas por presunta politización de la justicia, un tema recurrente en el país. En 2024, la Fiscalía intensificó investigaciones sobre irregularidades judiciales, resultando en varias condenas por tráfico de influencias.
La ratificación de la condena refuerza los esfuerzos de la Fiscalía por combatir la corrupción en el sistema judicial. Sin embargo, Domínguez aún puede recurrir a la casación como último recurso para revertir la sentencia. Este mecanismo, contemplado en el COIP, permite revisar posibles errores de derecho en la sentencia, aunque no garantiza un cambio en el fallo.
Implicaciones y próximo paso
La decisión de la Corte de Pichincha envía un mensaje sobre la responsabilidad de los funcionarios judiciales en Ecuador. El caso de Yunda, quien finalmente dejó el cargo en 2021, sigue generando debate. Especialmente en el contexto de las elecciones legislativas de 2025, donde la transparencia en la gestión pública es un tema central. La evolución del recurso de casación será clave para determinar el futuro legal de Domínguez.
