El Gobierno de Bolivia confirmó este lunes 30 de junio del 2025 que no existen condiciones para el retorno de la Policía al Trópico de Cochabamba, bastión político del exmandatario Evo Morales, debido a la persistente violencia y amenazas contra los efectivos y sus familias. La decisión, anunciada en un contexto de creciente tensión, responde a un mes de enfrentamientos y actos de hostigamiento que han debilitado la autoridad estatal en la región, según informaron las autoridades.

El ministro de Gobierno, Roberto Ríos, señaló que grupos afines a Morales son responsables de agresiones físicas, amenazas y actos de intimidación contra policías y civiles. “No expondremos más vidas hasta garantizar condiciones mínimas de seguridad”, afirmó Ríos en conferencia de prensa. El viceministro del Interior, Jhonny Aguilera, explicó que la ausencia policial no es una omisión, sino el resultado de un control político en el Trópico que impide la operación de las fuerzas del orden. “Estos grupos buscan proteger actividades ilícitas sin fiscalización”, denunció Aguilera en Bolivia TV.

Las protestas violentas arrancaron hace un mes

La crisis comenzó hace un mes, cuando simpatizantes de Morales protagonizaron protestas violentas exigiendo su habilitación para las elecciones de agosto de 2025. Los manifestantes bloquearon caminos, atacaron comisarías y obligaron a la Policía a abandonar la región. El epicentro del conflicto es Lauca Eñe, donde Morales, quien enfrenta órdenes de arresto por un presunto caso de trata de personas relacionado con una relación con una menor durante su presidencia, permanece protegido por una red armada de seguidores.

En las últimas semanas, al menos cuatro policías fallecieron en enfrentamientos con grupos locales en Cochabamba, según datos del Ministerio de Gobierno. Estos incidentes, calificados como “ataques premeditados”, han generado alarma sobre la desinstitucionalización en el Trópico y el fortalecimiento de estructuras paralelas de poder. Aguilera advirtió que la situación deja a la población en “completa indefensión” y dificulta el funcionamiento de la justicia, especialmente en el caso de Morales, cuya orden de detención no puede ejecutarse por falta de seguridad.

Un zona con muchos seguidores de Morales

El Trópico de Cochabamba, una región clave para la producción de coca, ha sido históricamente un bastión del Movimiento al Socialismo (MAS), liderado por Morales. Sin embargo, la fractura entre el expresidente y el actual mandatario, Luis Arce, ha intensificado las tensiones. En 2024, el Producto Interno Bruto (PIB) de Bolivia creció solo un 2.3%, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), mientras la región enfrenta desafíos económicos y sociales que alimentan el descontento. La incapacidad del Estado para retomar el control del Trópico plantea riesgos de una escalada mayor, según analistas.

El Gobierno de Arce busca evitar una confrontación directa que pueda derivar en más violencia. “La prioridad es proteger vidas y restablecer el orden sin agravar el conflicto”, afirmó Ríos. Sin embargo, las autoridades reconocen que el control territorial en el Trópico depende de negociaciones políticas y medidas de seguridad que aún no están garantizadas. Mientras tanto, la población local enfrenta un vacío de autoridad, con servicios policiales y judiciales prácticamente suspendidos.

El Ministerio de Gobierno anunció que trabaja en un plan para restablecer la presencia estatal, pero no proporcionó plazos específicos.  La situación en el Trópico continúa siendo un desafío crítico para la estabilidad política y la seguridad nacional de Bolivia.