El alcalde de Santo Domingo, Wilson Erazo, defendió la transparencia del concurso de méritos de la Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (Epmapa), respondiendo a denuncias de irregularidades y destacando que muchos abogados postulantes muestran deficiencias en habilidades básicas.

El concurso de méritos y oposición de Epmapa busca otorgar nombramientos definitivos a empleados públicos, cumpliendo con la normativa del Ministerio del Trabajo que prohíbe extender nombramientos provisionales indefinidamente. Wilson Erazo explicó que el proceso es supervisado por entidades externas, como la Universidad Técnica Equinoccial (UTE), para garantizar imparcialidad. Sin embargo, las denuncias de la concejal Diana Saltos han generado cuestionamientos sobre la legitimidad del proceso.

Críticas a la preparación de abogados

Además, Erazo subrayó que el concurso sigue un procedimiento estricto con pruebas psicométricas, de conocimiento y entrevistas, todas monitoreadas por el Ministerio del Trabajo. “No permitiremos favoritismos como en el pasado”, afirmó el alcalde.

Un aspecto central de la declaración de Erazo fue la falta de preparación de los abogados postulantes. Según el alcalde, de más de 500 abogados que participaron en el concurso, solo tres superaron las pruebas psicométricas, que evalúan razonamiento lógico y habilidades básicas. “Es preocupante que profesionales no sepan términos de razonamiento. Algo está pasando”, señaló. Estas pruebas, diseñadas para medir aptitudes esenciales, revelaron que muchos candidatos no alcanzaron el puntaje mínimo de 80 sobre 100 requerido para avanzar.

Por ejemplo, Erazo mencionó que algunos postulantes intentaron acceder a preguntas de exámenes previos en internet, pero las pruebas son generadas aleatoriamente por sistemas supervisados. “La tecnología no se puede hackear tan fácilmente”, afirmó, desmintiendo rumores de filtraciones.

Denuncias previas y respuesta del alcalde

El 3 de junio de 2025, la concejal Diana Saltos denunció en el Concejo Municipal posibles irregularidades en el concurso de Epmapa, presentando capturas de pantalla que circulaban en redes sociales. Estas imágenes sugerían que los nombres de los supuestos ganadores se conocían antes de finalizar el proceso. También señaló casos de alteración de calificaciones, como una aspirante cuya nota pasó de 72 a 84 puntos en el listado oficial.

En respuesta, Erazo solicitó pruebas formales y explicó que un caso de cambio de nota se debió a un fallo técnico en el sistema, corregido por la UTE dentro del tiempo permitido. “Si hay evidencias, que las presenten para investigar”, afirmó, negando cualquier manipulación de resultados.

Supervisión y transparencia

El proceso de Epmapa incluye varias etapas supervisadas por el Ministerio del Trabajo: pruebas psicométricas, de conocimiento y entrevistas. Erazo destacó casos de mérito, como un joven del Oriente ecuatoriano que obtuvo 100 sobre 100 en su examen. “No conocemos a los ganadores; el sistema los selecciona por capacidad”, subrayó.

Asimismo, el alcalde enfatizó que su administración busca erradicar prácticas de favoritismo. “Antes se beneficiaba a amigos y familiares de concejales. Eso no lo permito”, afirmó, invitando a revisar cuántos familiares de exfuncionarios trabajaban en la municipalidad sin cumplir requisitos legales.

Alcalde llama a mejorar la preparación

Erazo expresó preocupación por la baja preparación profesional y llamó a los jóvenes a mejorar sus habilidades. “La tecnología nos está haciendo razonar menos. Hay que prepararse más”, dijo. También señaló que en concursos anteriores, algunos empleados de Epmapa no superaron las pruebas, mientras que profesionales de otras ciudades obtuvieron los mejores puntajes.

Además, el alcalde lamentó que algunos postulantes, incluso tras participar en concursos previos con puntajes cercanos a 70, obtuvieran resultados más bajos en nuevos intentos. “No es culpa del municipio, sino de la preparación”, reiteró.

En redes sociales, ciudadanos han exigido una revisión del concurso, mencionando rumores de pagos de hasta 5.000 dólares por cargos públicos, aunque estas acusaciones no han sido verificadas. La concejal Diana Saltos solicitó la intervención del Consejo de la Judicatura y el Ministerio del Trabajo para garantizar la legitimidad del proceso (21).