La bancada oficialista Acción Democrática Nacional (ADN) anunció este miércoles 9 de julio que presentará un acto urgente ante la Fiscalía General del Estado (FGE) para solicitar que se impida la salida del país del asambleísta Santiago Díaz Asque, investigado por presunta violación a una menor de edad. La acción se produce tras la ejecución de tres allanamientos en Quito, realizados la madrugada del 9 de julio por la FGE y la Policía Nacional, en los que se recabaron documentos y dispositivos electrónicos como parte de la investigación.
El legislador de ADN Ferdinan Álvarez, en rueda de prensa, instó a la Fiscalía a actuar con celeridad para evitar que Díaz Asque abandone Ecuador. “Ya nos tienen acostumbrados, todos huyen y desde el exterior son valientes para hablar”, afirmó Álvarez. La denuncia contra Díaz, presentada el 7 de julio, desencadenó la expulsión del asambleísta de la bancada de la Revolución Ciudadana (RC) el 8 de julio. Esto, tras conocerse públicamente las acusaciones. Díaz, quien asumió la curul en mayo de 2025 tras la suspensión de Priscila Schettini por violencia política de género, solicitó licencia sin sueldo hasta el 8 de agosto.
Contexto de la investigación
La FGE ejecutó los allanamientos en propiedades vinculadas al caso, recolectando indicios como documentos y dispositivos electrónicos. Según un comunicado oficial, la Fiscalía receptará versiones de varias personas en los próximos días para esclarecer los hechos. Aunque no se reportaron detenciones al cierre de los operativos, la investigación sigue en curso.
Díaz Asque, de 38 años, será procesado en la Corte Nacional de Justicia debido al fuero que le otorga su condición de legislador, según el artículo 111 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Este fuero no requiere aprobación del Pleno de la Asamblea para delitos no relacionados con sus funciones.
Polémica por proyecto de ley
El 3 de julio de 2025, días antes de la denuncia, Díaz Asque presentó un proyecto de reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP). Esta propone reducir la edad de consentimiento para relaciones sexuales de 18 a 14 años. El documento, de 18 páginas, cuenta con el respaldo de diez legisladores de RC. Entre ellos están, Cristina Jácome, Franklin Samaniego, Roque Ordóñez, Arisdely Parrales, Diego Salas, Juan Pablo Molina, Patricia Núñez, Nanki Saant, Eustaquio Tuala y Ledy Zúñiga.
El proyecto, aún no tramitado por el Consejo de Administración Legislativa (CAL), ha generado controversia. Mishel Mancheno, primera vicepresidenta de la Asamblea y miembro de ADN, anunció que solicitará al CAL el rechazo de la iniciativa.
Reacciones y antecedentes
La Revolución Ciudadana expulsó a Díaz de su bancada y organización, calificando el hecho como un “acto monstruoso”. La coordinadora del bloque, Viviana Veloz, exigió una investigación transparente y sin interferencias, priorizando la protección de la menor. Según un parte judicial filtrado en redes sociales, la denuncia fue presentada por el padre de la víctima, quien relató que el presunto abuso ocurrió hace dos meses. Tras una reunión donde Díaz habría consumido bebidas alcohólicas con la madre y tía de la menor.
Díaz, por su parte, afirmó en un comunicado el 8 de julio que enfrenta un “ruin montaje judicial” y defendió su inocencia, solicitando licencia para enfocarse en su defensa. Su trayectoria incluye cargos en la Secretaría Nacional de Inteligencia (Senain) durante el gobierno de Rafael Correa y en el Tribunal Contencioso Electoral, donde estuvo vinculado al caso “Ligados” por filtración de información.
Implicaciones legales
El asambleísta no perderá su curul durante la investigación, pero podría enfrentar una pena privativa de libertad si se comprueban las acusaciones, según el Código Penal ecuatoriano. La Asamblea Nacional exhortó a la Fiscalía a actuar con rapidez, mientras el caso continúa generando indignación en sectores políticos y ciudadanos. Para más información, los interesados pueden consultar comunicados oficiales de la FGE o la Asamblea Nacional.
