El Ministerio de Educación publicó un nuevo acuerdo ministerial, que regula la subida de tarifas de pensiones y matrículas en colegios particulares y fiscomisionales, para el año lectivo en la Sierra y Amazonía. El documento establece que las instituciones educativas privadas pueden justificar un incremento de costos bajo dos criterios principales: inversión y sostenibilidad del empleo.

Este anuncio busca regular los costos escolares y garantizar una mejor calidad de la enseñanza, sin afectar la estabilidad económica de los docentes. La medida también especifica normativas sobre la compra de útiles y uniformes, dando a los padres total libertad de elección.

Dos escenarios para el incremento de costos

El acuerdo ministerial N° 00030 detalla los dos escenarios en los que una institución privada puede solicitar al Ministerio de Educación un aumento de sus costos. El primer escenario permite a los colegios justificar un incremento de pensiones a través de una inversión que mejore la calidad educativa.

Este aumento debe estar destinado a la adquisición de equipos tecnológicos, la compra de terrenos, la mejora de la infraestructura o la capacitación docente. Para este caso, el porcentaje máximo de incremento que se puede aplicar es el que determina el Banco Central en el segmento de educación.

El segundo escenario que justifica el aumento de las pensiones se relaciona con la sostenibilidad del empleo. En este caso, el incremento de tarifas busca garantizar los puestos de trabajo del personal docente y administrativo. El porcentaje máximo para este tipo de alza de costos lo determina la variación porcentual del incremento del salario básico unificado.

Según el acuerdo, las escuelas pueden solicitar este aumento cada año. Estas regulaciones buscan un equilibrio entre la necesidad de las instituciones de mejorar y la economía de las familias.

Normativas sobre útiles y uniformes

Además de las regulaciones sobre las pensiones, el acuerdo ministerial también establece nuevas reglas para la compra de útiles, uniformes y textos escolares. A partir del año lectivo 2026-2027, el costo total de estos artículos no deberá superar el valor del décimo cuarto sueldo.

Este es un cambio que busca aliviar la carga financiera de los padres de familia. El documento también garantiza a los padres la libertad de adquirir estos productos en los negocios de su preferencia, prohibiendo a los establecimientos direccionar a los estudiantes hacia proveedores específicos.

En la Sierra, el décimo cuarto sueldo se paga hasta el 15 de agosto. El Ministerio de Educación estipula que, bajo ninguna circunstancia, se deberá exigir la compra de productos o servicios dentro de la misma escuela. Estas disposiciones buscan regular los costos escolares y evitar prácticas anticompetitivas.

El acuerdo tiene como objetivo proteger los derechos de los consumidores y asegurar que la educación sea accesible y equitativa para todos. Esta nueva normativa promueve la transparencia y la libre competencia en el mercado de útiles escolares.