La Asamblea Nacional, en su mayoría correista, deberá aprobar un posible juicio en contra del exvicepresidente Jorge Glas.
La audiencia de procesamiento penal contra Glas por el caso de la reconstrucción de Manabí seguirá en suspenso.
Este miércoles 29 de noviembre del 2023, no se logró instalar el proceso en la Corte Nacional de Justicia en Quito.
El fiscal general subrogante, Wilson Toainga, tenía previsto exponer su teoría del caso, formular cargos y pedir medidas cautelares para los nuevos procesados.
Además de Jorge Glas, en este caso serán procesados también Carlos Bernal, exsecretario de la Reconstrucción, y Pablo Ortiz, exgerente de Ecuador Estratégico.
Precisamente Bernal y sus abogados, fueron los protagonistas antes del inicio de la audiencia.
Funcionarios de la Corte Nacional comunicaron al juez Luis Rivera, que ni Bernal o su defensa estaban en la sala.
Según informaron, por algún problema en el sistema de notificaciones, la convocatoria no le llegó a Bernal.
Por esta razón, el magistrado decidió no instalar la audiencia para evitar afectar el derecho a la defensa del exfuncionario.
Pese a que Rivera decidió no instalar la audiencia dando paso al tratamiento de un pedido que Glas había hecho previamente.
A través de su abogado, Andrés Villegas, el exvicepresidente Glas argumentó que antes de que la Corte lo procese por presunto peculado, la Asamblea debía aprobarlo.
Adujo que la Constitución establece que el Legislativo debe pronunciarse antes de que un Presidente o un Vicepresidente sea enjuiciado penalmente.
Según Villegas, esto ya ocurrió antes; en el denominado caso Balda por secuestro.
En dicho caso el expresidente Rafael Correa está llamado a juicio. Allí la jueza Daniella Camacho pidió a la Asamblea que se pronuncie.
Pronunciamiento oficial
En el caso de Glas y tras cerca de dos horas de deliberación, el juez Luis Rivera resolvió que la Asamblea -dentro de un plazo razonable- se pronuncie sobre el enjuiciamiento de Glas.
Esto porque entre 2015 y 2018 se desempeñaba como Vicepresidente de la República.
Por lo que, ahora, antes de que empiece el proceso por la reconstrucción de Manabí, la Asamblea tendrá que resolver si es necesario su pronunciamiento.
Y si es el caso, si procede el enjuiciamiento de Glas.
Según la Fiscalía, Glas, Bernal y Ortíz fueron los encargados de manejar los recursos públicos destinados para la reconstrucción tras el terremoto del 16 de abril de 2016.
La Fiscalía alega que hubo irregularidades al momento de priorizar las obras en las que se invirtieron esos dineros, que fueron recaudados a través de la Ley de Solidaridad.
Se tratará de probar que se gastó en la construcción de la vía Manta-Colisa y del Parque Las Vegas, pese a que estas obras no fueron afectadas por el movimiento telúrico.
