La Asamblea Nacional de Ecuador registra una puntuación de apenas el 42,5 % sobre 100, es decir, puntos bajos.
Así alertó la Red Latinoamericana de Transparencia Legislativa (RLTL).
Dicha institución presentó una nueva edición del Índice Latinoamericano de Transparencia Legislativa (ILTL).
La puntuación del poder legislativo ecuatoriano es de 42.51 puntos sobre 100, reprobando en temas de legislación.
El índice analiza la transparencia y apertura de los poderes legislativos de catorce países.
El promedio regional aumentó levemente del 39,6 % en 2020 al 42,18 % en 2023, en tanto diez países no superaron el 50 %.
ILTL se aplicó en los parlamentos de Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay.
Fue realizado por 22 organizaciones de la sociedad civil, que evalúan las dimensiones de normatividad, labor del Parlamento, presupuesto y gestión administrativa, y participación ciudadana.
Con 42,51/100 Ecuador reprueba en Transparencia legislativa.
Tras la evaluación realizada se evidencian avances significativos en términos de normatividad, pero al analizar la implementación de estas medidas, se detecta un estancamiento notable.
En Ecuador se resaltan deficiencias en la transparencia de la gestión de comisiones y órganos de decisión.
En lo que respecta a la participación ciudadana, se observa la ausencia de un plan de acción para el Parlamento abierto.
Además, se constató la ausencia de concursos públicos para la contratación de personal, así como la falta de una normativa que regule el lobby.
Proyectos de ley
“En la última medición en 2020 ya se había identificado la misma situación, por lo que no hubo avances concretos en este sentido”.
“La Asamblea Nacional del Ecuador 2021-2023, archivó un proyecto normativo que buscaba regular el lobby”, refiere el texto.
Hay cuatro países: Bolivia, Colombia, Costa Rica y Guatemala, donde los puntajes disminuyeron levemente entre una medición y otra.
Estas caídas van desde unas pocas décimas hasta poco más de tres puntos, como ocurrió respectivamente con Bolivia y Colombia.
En la práctica implica que el poder legislativo en cuestión se ha vuelto, en mayor o menor medida, más opaco y cerrado a la participación ciudadana y de la sociedad civil.
En tanto, la RLTL reúne a 32 organizaciones de la sociedad civil.
Todas estas organizaciones pertenecen a quince países de América Latina que trabajan por la promoción activa de la transparencia y el acceso a la información.
El ITLT se aplica desde el año 2011 para evaluar la efectividad de las políticas y mecanismos de transparencia y participación ciudadana en los poderes legislativos.
Es una herramienta de medición periódica que permite tener un registro de los avances y retrocesos de los distintos poderes legislativos en dichos temas.
