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Tribunal negó apelación a la prisión preventiva que le fue dictada Jorge Glas, el exvicepresidente solicitó este recurso.

De manera unánime, un tribunal de la Corte Nacional de Justicia negó la solicitud de apelación a la prisión preventiva de Glas.

El exvicepresidente es procesado por presunto peculado en el caso Reconstrucción de Manabí tras el terremoto del 16 de abril del 2016.

Los magistrados Felipe Córdova, Daniella Camacho e Iván Saquicela declararon improcedentlo solicitada por Jorge Glas. La decisión trascendió la tarde de este miércoles, 21 de febrero.

Luego de la exposición de los argumentos de la defensa de Glas y de la Fiscalía, el tribunal dispuso la suspensión de la audiencia para deliberar su resolución a las 12h49.

Finalmente, después de aproximadamente cinco horas, el tribunal expuso que negó la apelación solicitada por la defensa de Jorge Glas.

El mismo recurso también pidió Carlos B, procesado en el caro Reconstrucción de Manabí. Pero, el Tribunal declaró el abandono, ya que el interesado no se presentó en la diligencia.

En la audiencia, la defensa de Glas solicitó que Iván Saquicela se excuse y salga del Tribunal. El abogado expuso que el juez incurrió en enemistad manifiesta en declaraciones brindadas sobre el correísmo.

Tribunal negó apelación por el caso Reconstrucción de Manabí

De su lado, Saquicela enfatizó que no tiene amistad ni enemistad alguna. El Tribunal no aceptó el pedido de excusa y aclaró a la defensa del Glas que debe presentar una recusación para apartar a Saquicela del proceso.

El pasado 5 de enero se instaló la audiencia de formulación de cargos contra el exvicepresidente Jorge Glas y dos implicados en el presunto delito de peculado en la construcción de una vía en la provincia de Manabí.

Tras ello, el juez Luis Rivera le dictó prisión preventiva a Glas y a Carlos B. Mientras, a un tercer procesado le dictó prohibición de salida del país y presentación periódica a una dependencia judicial. 

Después del terremoto del 16 de abril del 2016, el Gobierno de Rafael Correa creó el Comité para la Reconstrucción y Reactivación Productiva. También se emitió la Ley Orgánica de Solidaridad y de Corresponsabilidad Ciudadana.

Por otra parte, en el 2019, la Contraloría advirtió presuntas irregularidades en la adjudicación del contrato para el proyecto vial Manta-Colisa. La vía era de 22 kilómetros y tenía un valor que superaba los 68 millones de dólares.

La fiscal Diana Salazar sostiene que los fondos usados en construcción de aquella vía provenían de las recaudaciones mediante de la Ley de Solidaridad. Por ello, la Fiscalía abrió una investigación previa.

Según las investigaciones, la obra “no cumplía con los ejes propuestos en la Ley de Solidaridadsobre emergencia, reconstrucción y reactivación”.