La jueza Mercedes Caicedo, integrante del tribunal de la Corte Nacional de Justicia que delibera el caso Metástasis, denunció públicamente haber sido víctima de amenazas e intimidaciones, las cuales se agravaron al involucrar su entorno familiar. A través de un pronunciamiento en la red social X, la magistrada reveló que desconocidos se acercaron a su hogar, situación que motivó la presentación de una denuncia ante la Fiscalía General del Estado. Pese a ello, aseguró que se reintegrará a sus funciones y continuará cumpliendo con su rol en el proceso judicial.
“He decidido continuar”: una denuncia en medio de tensiones
“Desde hace algunos meses, personas cuya identidad desconozco han decidido perseguirme, intimidarme, amenazarme”, escribió Caicedo. La magistrada confesó que inicialmente optó por guardar silencio, pero que la situación se tornó crítica cuando las amenazas alcanzaron su residencia. Tras tomar unos días de licencia, decidió volver a sus labores, reiterando su compromiso con la búsqueda de justicia.
En su mensaje, también hizo un llamado a las instituciones del Estado —como el Consejo de la Judicatura, el Ministerio del Interior y la Corte Nacional— para que adopten medidas de protección para los jueces que integran el tribunal de esta causa.
Caso Metástasis: una red criminal dentro del Estado
El caso Metástasis salió a la luz en diciembre de 2023, tras el asesinato del narcotraficante Leandro Norero en la cárcel de Latacunga. El análisis forense de sus dispositivos móviles reveló la existencia de una estructura delictiva que incluía a jueces, fiscales, policías, abogados y guías penitenciarios, todos presuntamente articulados para garantizar impunidad y protección a Norero y su círculo cercano.
Desde entonces, el tribunal compuesto por Mercedes Caicedo, Pablo Loaiza y Marcos Rodríguez ha emitido condenas contra más de una decena de personas, incluyendo a figuras de alto perfil como: Wilman Terán, expresidente del Consejo de la Judicatura; Xavier Novillo, abogado de Norero y Pablo Ramírez, exdirector del SNAI.
Las penas impuestas oscilan entre tres años y cuatro meses hasta nueve años y cuatro meses de prisión, dependiendo del grado de implicación en la red delictiva.
Riesgos en el ejercicio de la justicia
El caso Metástasis representa una de las investigaciones más significativas sobre corrupción estructural en el sistema judicial y penitenciario ecuatoriano. La denuncia de Caicedo visibiliza los riesgos que enfrentan los operadores de justicia que actúan en procesos de alto impacto y subraya la urgencia de proteger su integridad física y moral.
El avance del caso, así como la seguridad de los jueces, será clave para mantener la credibilidad institucional en uno de los procesos más delicados del país en los últimos años.
