El caso de peculado en la Empresa de Tránsito de Santo Domingo de los Tsáchilas ha dado un nuevo giro judicial.
El fiscal que lleva el proceso decidió abstenerse de acusar al gerente de la entidad, Héctor Fiallo, y al representante legal de la empresa Serpro, Carlos Jácome. Ambos eran señalados por una supuesta malversación de fondos en tres capacitaciones internas.
Esta decisión se dio en la etapa de instrucción fiscal. El proceso se originó por una denuncia presentada por la concejal Diana Saltos, en marzo de 2024, ante la Unidad Judicial Penal. En la acusación se señalaba que no todos los funcionarios habrían recibido las capacitaciones por las cuales se habrían pagado $27.848,22 dólares. En julio de 2024, se formularon cargos contra Fiallo y Jácome. El juez les prohibió salir del país y les impuso la obligación de presentarse ante la Fiscalía dos veces por semana. Sin embargo, con el dictamen abstentivo, la defensa de ambos ha solicitado el sobreseimiento en el proceso.
Piden sobreseimiento y fin del proceso
El abogado William López, defensor de Héctor Fiallo, indicó que se deben separar los aspectos políticos de los técnicos. Señaló que el informe de la Contraloría, que menciona indicios de responsabilidad penal, no prueba directamente la existencia de peculado. “Ese documento requiere análisis, comprobación e investigación adicional”, dijo. William López agregó que entrevistó aleatoriamente a 80 funcionarios de la entidad. De ellos, 50 confirmaron haber recibido las capacitaciones. “Que no hayan asistido todos, no significa que hubo peculado”, puntualizó.
Con base en esos argumentos, la defensa pidió al juez el archivo del proceso. También solicitaron la revocatoria de las medidas cautelares que aún pesan sobre sus clientes.
La defensa también quiere que la denuncia de la concejal Diana Saltos sea calificada como maliciosa y temeraria. Aseguran que ha generado un proceso judicial innecesario, sin sustento técnico ni pruebas suficientes.
Concejala cuestiona imparcialidad
Diana Saltos, concejal de Santo Domingo, sostiene que el proceso no ha sido transparente. Asegura que el fiscal del caso tendría vínculos familiares con funcionarios de la Empresa de Tránsito. Según ella, esto habría influido en su decisión de abstenerse de acusar a los implicados. Diana Saltos también cuestiona que no se les haya notificado a tiempo el dictamen abstentivo. Su abogada, Paulina Mogrovejo, rechazó el argumento de que no existieron pericias contables. Para la Fiscalía, eran claves para comprobar si realmente se cumplieron las capacitaciones a los servidores públicos. Además, la concejal sostiene que existe un informe de la Contraloría General del Estado. En este documento se detallan nombres y cargos de funcionarios que, presuntamente, ocasionaron el perjuicio económico.
Próxima decisión judicial será clave
Ahora, el proceso se encuentra a la espera de una resolución judicial. El juez deberá decidir si acepta el pedido de sobreseimiento solicitado por la defensa. Esta etapa será clave para definir el futuro del caso de peculado en Empresa de Tránsito. Por su parte, la abogada Paulina Mogrovejo adelantó que prepara una nueva denuncia ante el Consejo Nacional de la Judicatura. En ella se incluirán las inconsistencias que, a su criterio, han rodeado el tratamiento de este caso. También solicitará una revisión de la actuación del fiscal.
