Francisco R. recibió una condena de trece años de prisión el 1 de abril de 2025. Esto tras ser hallado culpable de abusar sexualmente de su sobrina de 19 años. Un hecho ocurrido el 2 de agosto de 2024 en la parroquia Sucre, cantón 24 de Mayo. Esto mientras la joven visitaba a su familia desde Suiza.
Un tribunal de la provincia de Manabí dictó una sentencia condenatoria contra Francisco R.,. A él lo hallaron culpable de abuso sexual contra su sobrina de 19 años. Una joven con autismo leve que había llegado de vacaciones desde Suiza. El fallo, emitido el 1 de abril de 2025 tras una audiencia de juzgamiento, impuso al agresor una pena privativa de libertad de trece años, respaldada por pruebas presentadas por la Fiscalía..
El abuso sexual tuvo lugar el 2 de agosto de 2024 en la vivienda del abuelo de la víctima. Ubicada en la parroquia Sucre del cantón 24 de Mayo, una zona rural de Manabí. La joven, quien viajó junto a su hermana para pasar un tiempo con su familia, se alojaba en la casa del abuelo, donde Francisco R., tío de la víctima, también pernoctaba ocasionalmente para cuidar a su padre.
Aquella noche, las hermanas habían compartido bebidas alcohólicas en la casa contigua de una tía. Tras ello, la hermana llevó a la víctima a la habitación donde dormían en la residencia del abuelo, dejándola descansar.
Horas más tarde, al regresar a la habitación, la hermana descubrió a Francisco R. cometiendo el abuso sexual. De inmediato, dio la voz de alerta a los familiares presentes y contactó a la Policía, que acudió rápidamente al lugar. Los agentes detuvieron al agresor en flagrancia, iniciando así un proceso penal que culminó con la sentencia condenatoria meses después.
Pruebas presentadas en el juicio
Durante la audiencia de juzgamiento, la Fiscalía presentó un caso basado en pruebas recolectadas durante la investigación. Entre los elementos clave destacaron los testimonios de la víctima y su hermana. Ellas relataron con precisión los hechos ocurridos aquella noche. Otros familiares corroboraron la secuencia de eventos, aportando detalles sobre la dinámica en la vivienda y la intervención inmediata tras el abuso sexual.
Además, se incluyó una pericia médico-legal que confirmó las lesiones sufridas por la joven. Esto junto con un informe psicológico que certificó su diagnóstico de autismo leve y detalló el impacto emocional del abuso. Este último documento fue crucial para evidenciar la vulnerabilidad de la víctima y el daño causado por el agresor.
El Tribunal también analizó el informe de reconocimiento del lugar de los hechos, que reconstruyó la escena del crimen.
Los testimonios de los agentes de la Policía Nacional que respondieron a la emergencia reforzaron la narrativa, describiendo cómo encontraron al acusado en la vivienda y procedieron a su aprehensión.
Tras evaluar integralmente las pruebas, el Tribunal acogió la solicitud de la Fiscalía y dictó una sentencia agravada, considerando la relación familiar entre el agresor y la víctima, así como la condición de vulnerabilidad de esta última.
Contexto de violencia sexual en Ecuador
El caso de Francisco R. se suma a las alarmantes estadísticas de violencia sexual en Ecuador. Según el Consejo de la Judicatura, en 2024 se registraron más de 3.500 denuncias por delitos sexuales a nivel nacional, de las cuales un 15% ocurrieron en entornos familiares.
La sentencia de trece años, una de las más altas contempladas en el Código Orgánico Integral Penal (COIP) para este delito, refleja la gravedad del hecho y el uso de agravantes. Entre ellos el parentesco y la discapacidad de la víctima. El artículo 170 del COIP establece penas de siete a trece años para el abuso sexual, pero la explotación de una relación de confianza y la vulnerabilidad de la afectada justificaron la sanción máxima.
Organizaciones de derechos humanos han destacado la importancia de estas condenas para visibilizar y combatir la violencia intrafamiliar. En 2023, la Defensoría del Pueblo reportó que el 60% de las víctimas de abuso sexual en Ecuador son menores de edad o personas con alguna discapacidad.
