Cientos de familias cuyas viviendas se destruyeron en el terremoto de abril del 2016 continúan habitando en condiciones precarias.

Están resignadas a la idea de que las autoridades se olvidaron de su problema.

En algunos cantones de Manabí, como Pedernales, Sucre, Jama, Manta y Portoviejo, todavía se encuentran grupos familiares alojados en casuchas.

Lugares que, si bien sirvieron para enfrentar la emergencia, terminaron por convertirse en sus viviendas permanentes, a pesar del riesgo que representan.

Basta ir a algunos lugares, que los municipios conocen a plenitud, para cerciorarse de ello.

Ni el gobierno de entonces ni los dos que le han sucedido tomaron en cuenta a todos los damnificados del terremoto.

“Ya son casi siete años y quedan afectados”.

Familias que no tenían terreno propio, pero que perdieron las casas en que vivían, quedaron desprotegidas y, en otros casos, el registro no llegó a todos los sectores.

También hay quienes recibieron una ayuda que no sirvió de nada porque los contratistas desaparecieron tras recibir el dinero, pero el Estado no ha tomado acciones.

En meses anteriores, el entonces ministro de Vivienda, Darío Herrera, hoy ministro de Transporte, reconocía que es muy complejo hacer un censo para saber cuántos damnificados hubo.

Pero algo hay que hacer, pues ya son casi siete años y se puede ver a los afectados.

Editorial de El Diario publicado este lunes 26 de diciembre del 2022 en nuestra edición impresa.