No todos los negocios ni las personas naturales que se dedican a las actividades productivas tienen el interés ni les conviene ingresar en la facturación electrónica, que debe ser una opción y no obligación.

No está bien que el Estado, por recaudar más dinero o ejercer mayor control sobre los contribuyentes, imponga medidas que atentan contra la libertad de comercio y empresa y hacer más engorroso el trámite para poner un negocio o iniciar un emprendimiento.

Esto resta competitividad y aumenta los costos y procesos para la producción, pues las personas deben cumplir una serie de pasos, partiendo de la obtención de la firma electrónica y las aplicaciones informáticas.

«El Estado debe dar facilidades y no poner complicaciones adicionales”.

Las personas que manejan negocios y facturación tienen otras prioridades que estar atendiendo las exigencias del Servicio de Rentas Internas.

La facturación electrónica debe fomentarse y apoyarse, pero en ningún momento debe ser obligatoria.

El Estado debe dar facilidades para todos los sectores de la economía, para que los negocios fluyan, y no poner complicaciones adicionales.

Editorial de El Diario publicado este lunes 21 de noviembre del 2022 en nuestra edición impresa.