El Consejo de la Judicatura adjudicó el 26 de noviembre de 2024 los estudios para evaluar el Palacio de Justicia de Portoviejo. Sin embargo, a finales de marzo de 2025, el proceso está detenido por la falta de un anticipo del 50% de los 132.551,72 mil dólares (más IVA) del contrato.
El estudio, a cargo a la compañía Consultoría y Construcción en Ingeniería Rurak Cia.Ltda, busca identificar las falencias estructurales del edificio. Giordano Gorozabel, director provincial del director del Consejo de la Judicatura, explicó que, tras la adjudicación, los trámites administrativos se completaron en enero, y el expediente está en el Ministerio de Finanzas para el desembolso del anticipo. “Estamos a la espera de que el órgano rector de las finanzas públicas cumpla con el pago al contratista”, afirmó. El cronograma de 120 días para los estudios comenzará una vez entregado el anticipo, sin fecha estimada aún.
Mientras tanto, el edificio, afectado por inundaciones recientes en su nivel subterráneo debido a las fuertes lluvias golpean a la ciudad, está bajo mantenimiento. “Evacuamos agua acumulada y realizamos limpieza periódica para evitar mayor deterioro”, detalló Gorozabel. Sin embargo, cualquier decisión sobre su uso o rehabilitación dependerá de los resultados de los estudios, que determinarán la seguridad para usuarios y funcionarios.
Colectivo exige respuestas
George Farfán, del colectivo “Y la corte pa’ cuándo”, cuestionó el retraso, pues recordó que éste se suma a los más de cuatro años que llevan exigiendo la terminación del palacio. “Han pasado más de cuatro meses desde la adjudicación en noviembre, y el anticipo no llega. Eso significa que los plazos que establece el contrato no están corriendo hasta que no se entregue el anticipo”, señaló. También criticó la falta de avances pese a un examen especial de Contraloría que ordenó al contratista devolver 3 millones de dólares por irregularidades en la obra original.
La obra fue contratada por más de $4,8 millones y con un plazo de entrega de 270 días. La remodelación del Palacio de Justicia arrancó en el 2020, hubo retrasos y en el 2022 se detectaron fallas estructurales en el bloque 4. Tras el hallazgo, la obra fue suspendida parcialmente en noviembre de ese año hasta que, finalmente, el contrato con el consorcio RPJ fue rescindido de manera unilateral en febrero del 2024.
Un año después, un segundo examen de Contraloría, solicitado por el Consejo Nacional de la Judicatura, está en curso. Según Gorozabel, abarcará todas las direcciones provinciales, pero incluye un enfoque específico en el contrato de remodelación del Palacio. Farfán destacó que podría derivar en responsabilidades penales por las presuntas irregularidades en diferentes etapas del proceso de ejecución, como el pago de $1.2 millones al contratista sin la debida justificación.
