Las denuncias contra ciudadanos que ofrecen cargos públicos, incluso altos puestos en la jerarquía del Gobierno, merecen una investigación para constatar si existe o no tráfico de influencias.

La Fiscalía debe abrir una investigación, pues sea cierto o no que se pueda conseguir nombramientos de esta forma, pueden existir delitos como oferta de realizar tráfico de influencia o asociación ilícita, aparte de posible estafa.

En forma paralela, el Gobierno debe tomar con seriedad estas denuncias porque podría existir complicidad dentro de las instituciones. Por lo tanto, es necesario que se haga una investigación propia para detectar posibles procesos irregulares.

“Podría existir complicidad dentro de las instituciones”.

Ayer se hizo público un vídeo en el que una persona, aparentemente, ofrece un viceministerio a cambio de una suma millonaria y, es más, dice conocer a un asambleísta que también fue nombrado por el presidente de la República en el grupo que, según el mandatario, habría pedido cargos a cambio de votos en la Asamblea Nacional.

Sería muy grave si esto fuera verdad. Por ello, la Fiscalía está llamada a emprender una investigación cuyos resultados sirvan para cortar de raíz el tráfico de influencias o, de no existir, proteger a los ciudadanos de ya conocidas formas de estafa.

Editorial de El Diario publicado este viernes 1 de abril del 2022 en nuestra edición impresa.