¿Podrán remover alcaldes y prefectos con más facilidad? Esto dice la reforma al Cootad

La propuesta de reforma al Cootad abre un debate nacional sobre remoción de autoridades locales, presupuesto social, nuevas competencias provinciales y creación de parroquias excepcionales.
¿Podrán remover alcaldes y prefectos con más facilidad? Esto dice la reforma al Cootad
El análisis busca ajustar las normativas que rigen a los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD).
¿Podrán remover alcaldes y prefectos con más facilidad? Esto dice la reforma al Cootad
El análisis busca ajustar las normativas que rigen a los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD).

Ma. Fernanda Avilés

Redacción ED.

Ma. Fernanda Avilés

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Nació en Santo Domingo en 1988. Licenciada en Comunicación Social por la Universidad Católica del... Ver más

El abogado Mauricio Calderón analizó la propuesta de reforma al Cootad, que introduce cambios sobre remoción de dignatarios, presupuesto social, parroquias y competencias.

Reforma y remoción de autoridades

Calderón explicó que las causales de remoción para alcaldes y prefectos se encuentran en el artículo 333 del Cootad. Señaló que surge un dilema jurídico cuando una autoridad es removida por una causal específica, pero luego una sentencia judicial confirma su inocencia.

Ante esta situación, destacó la necesidad de integrar los principios de los tratados internacionales de derechos humanos y la jerarquía de los artículos 11, 76 y 424 de la Constitución.

El análisis de las reformas busca precisar mecanismos claros que garanticen seguridad jurídica. Según Calderón, el debate debe contemplar no solo las disposiciones nacionales, sino también los compromisos internacionales adquiridos por Ecuador en materia de derechos políticos.

El jurista recalcó que este tema requiere un enfoque garantista, pues la destitución de autoridades afecta directamente la estabilidad democrática y el ejercicio de derechos políticos en los gobiernos autónomos descentralizados (GAD).

Presupuesto para atención prioritaria

Otro punto clave de la propuesta es la asignación presupuestaria del 10 % para los grupos de atención prioritaria, regulada en el artículo 249 del Cootad. Calderón planteó que la norma vigente requiere ajustes, ya que aunque dispone esa asignación, no establece mecanismos claros de distribución.

La disposición vigente ordena que ningún presupuesto institucional se apruebe sin destinar ese porcentaje de ingresos no tributarios. Dichos recursos deben financiar programas sociales de planificación y ejecución en favor de personas en situación de vulnerabilidad.

El jurista consideró que la reforma debería establecer lineamientos más precisos para asegurar un uso eficiente y equitativo de los fondos, evitando vacíos que puedan afectar a los beneficiarios directos.

Creación de parroquias y competencias provinciales

El proyecto también incorpora cambios en relación con la creación de parroquias rurales, permitiendo excepciones cuando existan condiciones poblacionales especiales. Calderón explicó que esta medida busca atender realidades locales que no cumplen con el número mínimo de habitantes requerido, pero que demandan institucionalidad.

Asimismo, analizó la propuesta de ampliar competencias de los gobiernos provinciales. Entre estas se incluyen facultades exclusivas y la necesidad de evitar la superposición de funciones entre niveles de gobierno. También se mencionaron ajustes en los convenios interinstitucionales y en la regulación de desembolsos para entidades públicas.

Estos cambios, dijo Calderón, buscan mejorar la articulación de competencias y optimizar la gestión administrativa de los territorios.

Contexto del debate legislativo

El Cootad regula la organización territorial y las atribuciones de los GAD en Ecuador. La propuesta de reforma se encuentra en tratamiento legislativo y ha generado análisis entre expertos legales y autoridades locales.

La discusión se centra en cómo garantizar un equilibrio entre gobernabilidad, derechos políticos, financiamiento social y eficiencia institucional. El proceso legislativo definirá si estas reformas se incorporan al marco normativo vigente en el país.

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