La Asamblea Nacional, en su período 2025-2029, vivió un inicio de gestión complejo y polarizado durante sus primeros 100 días, que se extendieron desde el 14 de mayo hasta el 22 de agosto de 2025. Este lapso estuvo marcado por la aprobación prioritaria de leyes de urgencia en materia económica, propuestas por el Ejecutivo, según un análisis del  Observatorio de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. 

Leyes de urgencia económica, el inicio de la Asamblea 

La gestión inicial de la Asamblea se caracterizó por la tramitación de leyes de urgencia económica, que suscitaron un descontento. Estas normativas no solo provocaron un gran debate nacional, sino que también detonaron una crisis institucional, según el Observatorio.

Como resultado, se presentaron numerosas acciones de inconstitucionalidad por parte de ciudadanos, organizaciones y gremios. Esto llevó a la Corte Constitucional a suspender provisionalmente la vigencia de algunos de sus artículos.  

Según el informe, se aprobaron un total de 5 leyes durante este período, de las cuales 3 fueron de carácter económico urgente y propuestas directamente por el Presidente de la República, Daniel Noboa.

Entre las leyes aprobadas que generaron controversia y demandas de inconstitucionalidad se encuentran la Ley Orgánica de Integridad Pública (con 29 demandas). Además de la Ley Orgánica para el Fortalecimiento de las Áreas Protegidas (4 demandas), la Ley Orgánica de Solidaridad Nacional (6 demandas) y la Ley Orgánica de Inteligencia (3 demandas).

Asimismo, se aprobó la Ley Reformatoria a la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas del Ecuador, Código de la Democracia. También se destaca la aprobación de la Ley orgánica para desarticular la economía criminal vinculada al conflicto armado interno, con 84 votos a favor, y el proyecto de Ley Orgánica de Inteligencia, Inteligencia Estratégica y Contrainteligencia, con 77 votos a favor. El Observatorio emitió alertas sobre la discrecionalidad de estas medidas y los riesgos para los derechos y la transparencia.

Prioridades de la Asamblea y sus repercusiones 

Además de las leyes aprobadas, 8 propuestas de ley fueron archivadas, la mayoría de ellas presentadas por el bloque de la Revolución Ciudadana. En cuanto a las reformas y enmiendas constitucionales, se aprobó una reforma parcial sobre la eliminación del financiamiento público de la política.

En contraste, la reforma parcial sobre la instalación de bases militares extranjeras en territorio nacional y una enmienda sobre los nuevos requisitos para asumir el cargo de asambleísta quedaron en trámite.  Se estableció una nueva agenda parlamentaria con 5 ejes temáticos y un total de 53 proyectos de ley.  

Temas como la libertad de asociación, la regulación de plataformas tecnológicas. Además de la fijación de límites territoriales y leyes sobre enfermedades raras o pasantías, quedaron fuera de esta agenda prioritaria.  La labor de fiscalización y control político por parte de la Asamblea Nacional se mantuvo limitada.

La concentración de poder en el oficialismo y el debilitamiento de la oposición fueron factores clave. Se propusieron dos juicios políticos: uno contra Gonzalo Albán (CPCCS), actualmente en trámite, y otro contra Inés Manzano (Ministra de Energía y Minas), que no fue calificado por el Consejo de Administración Legislativa (CAL). 

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Fiscalización y participación de asambleístas

A pesar de haberse presentado 1302 pedidos de información a diversas entidades públicas, con un promedio de respuesta del 68%, el 23% de los legisladores no realizó ni un solo pedido de información durante los primeros 100 días. El Ministerio de Salud Pública fue la entidad con más solicitudes, recibiendo 169 pedidos. 

En las 157 votaciones realizadas en el Pleno, el 53% correspondió a procedimientos legislativos. La puntualidad en las sesiones también fue un desafío, con las 42 sesiones convocadas registrando un retraso promedio de 26 minutos.

La sesión que más tardó en iniciar fue la continuación de la sesión 1023, del 2 de julio de 2025, con un retraso de más de 2 horas y 45 minutos. En cuanto a la participación, el bloque ADN concentró el mayor número de intervenciones por legislador, con el 56% del total. Fue seguido por la Revolución Ciudadana con el 29%. Un 19% de los legisladores no intervino en el Pleno.

Adicionalmente, se identificó que 31 legisladores no impulsaron proyectos de ley ni solicitudes de información, lo que dificulta medir su actividad legislativa. La conformación del Pleno experimentó cambios significativos.

Aunque el período inició con ADN y Revolución Ciudadana como las principales minorías, ADN se consolidó como la primera minoría tras registrar un total de 12 bajas en las otras bancadas: 5 de Revolución Ciudadana, 6 de Pachakutik y 1 del PSC. Un caso relevante fue la desafiliación de la asambleísta Jhajaira Urresta de Revolución Ciudadana el 10 de julio de 2025, tras una controversia interna. 

Escándalos y transparencia pendiente

Entre los acontecimientos que marcaron la agenda, se encuentran las denuncias de “Asambleístas Silenciados” por parte de legisladores de la Revolución Ciudadana, quienes alegaron limitaciones para intervenir. En protesta, el legislador Ronal González utilizó un megáfono y fue sancionado. Otro hecho notable fue la anulación, sin justificación legal ni procedimiento contemplado, de una terna para el Consejo de la Judicatura por parte de la Asamblea, con 78 votos a favor.

Las multas por impuntualidad o ausencias de legisladores superaron los USD 70.000. Además, se identificaron alrededor de 40 casos de nepotismo en la institución, lo que llevó a la desvinculación de los funcionarios involucrados y a una reforma del reglamento interno para prohibir la contratación de familiares hasta segundo grado de consanguinidad y primer grado de afinidad. 

El 11 de junio de 2025, la Asamblea rechazó con 76 votos a favor debatir urgentemente los contratos entre el Gobierno y la empresa Progen. Esto, a pesar de las advertencias de la oposición sobre posibles cortes de energía.

Finalmente, se hicieron públicas denuncias de alto perfil, como la acusación por presunta violación contra el legislador Santiago Díaz, quien posteriormente se entregó a las autoridades. Además vio suspendidos sus derechos parlamentarios . Asimismo, la Primera Vicepresidenta de la Asamblea, Mishel Mancheno (ADN), denunció a la asambleísta de Revolución Ciudadana Nuria Butiñá. Lo hizo por presunto cobro de “diezmos” a un exasesor.

En el ámbito de la transparencia, la Asamblea ha mostrado avances con la Plataforma de Parlamento Abierto, el Catálogo de Datos Legislativos y Participa 2.0. No obstante, persisten incumplimientos y limitaciones en la transparencia del CAL, en la difusión de información sobre juicios políticos, en la publicación oportuna de información y en la transparencia completa de las comisiones.