En medio del debate nacional sobre la Ley de Transparencia Social, Gabriela Alvear, cofundadora de Diálogo Diverso y defensora de derechos humanos, cuestiona la aprobación de esta normativa que regula el accionar de las organizaciones de la sociedad civil en Ecuador. En diálogo con Manavisión Plus, advierte que la ley puede significar un retroceso en las libertades de asociación y organización, además de poner en riesgo la cooperación internacional y el trabajo que realizan las fundaciones en territorios donde el Estado no llega.
—¿Cómo reciben desde Diálogo Diverso el tema de la aprobación de la Ley de Transparencia Social?
Primero, expresar que Diálogo Diverso es una organización no gubernamental que ha cumplido siete años en Ecuador, trabajando de manera honesta y transparente. Hemos rendido cuentas tanto a organismos nacionales como internacionales, que confían en nosotros y cuyos fondos hemos gestionado para generar empleo y servir a la ciudadanía. Entonces, ratificando nuestro compromiso de servicio honesto, transparente, íntegro y de cumplimiento con la normativa nacional e internacional, recibimos realmente con gran sorpresa y con bastante indignación, así como todas las organizaciones que nos hemos unido durante todo este tiempo, para decirle al Ecuador entero que las organizaciones de sociedad civil legalmente reconocidas en el país con operaciones dentro y fuera del Ecuador, trabajamos de manera honesta. No somos espacio en donde se nos utilice para actividades ilícitas, para financiar actividades ilícitas o grupos antidelincuenciales, y peor aún, para hacer cosas al margen de la ley.
—El gobierno argumenta que se busca transparencia en el manejo de los recursos. ¿Cómo funcionan hasta ahora los controles en ese sentido?
Somos fundaciones y corporaciones legalmente reconocidas, adscritas a ministerios, auditadas periódicamente y con obligación de rendir cuentas al Servicio de Rentas Internas (SRI) y a organismos internacionales. Acabamos de pasar una auditoría con Cooperación Internacional de España, adicionalmente tenemos que reportar a nuestro oficial de cuenta y de cumplimiento, que es adónde pertenecen nuestras cuentas, porque ojo, hay cooperantes que te piden cuenta específica por cada dinero que ingresa para su proyecto, entonces el banco te asigna un oficial de seguimiento y de cumplimiento donde toda operación. Toda transferencia de centavo en centavo, tiene que ser debidamente justificada, de dónde viene el recurso (…). Entonces tenemos varios filtros, adicional la unidad de la UAFE.
—Entonces, ¿considera que esta normativa no era necesaria?
Exactamente. En medio de crisis como la de salud, educación o seguridad, era innecesario aprobarla como proyecto económico urgente. Nos preocupa que pueda convertirse en una herramienta para limitar derechos y perseguir a organizaciones que trabajan en libertades, defensa de periodistas o protección ambiental (…) Hay temas súper imprecisos de lavado de activos.
—¿Como cuáles?
Por ejemplo, venir a decirle a la asambleísta Valentina Centeno que son $ 300 mil millones. Estimada Valentina, se lo demostró en informes técnicos que ese valor no es real. Pero lo grave de esto, es que esa cantidad, ese valor se queda en el oído y en el imaginario de la gente (..) Ahora bien, si dos o tres personas decidieron utilizar la figura de organización no gubernamental para actividades ilícitas, el gobierno tampoco ha transparentado cuáles son esas organizaciones. Deberían transparentar y decir, de este espectro tan grande, dos o tres personas que están coadyuvando a la corrupción del Ecuador. A esas hay que atacarlas. Pero no utilizar a las organizaciones que utilizamos causas de servicio. La defensa de derechos es una forma de vida.
—¿Qué riesgos concretos observan para las organizaciones de la sociedad civil?
El mayor riesgo es pasar de ser aliadas del Estado a convertirnos en sospechosas. Esta ley debilita a quienes trabajamos en derechos, igualdad y cohesión social. Además, puede desincentivar a la cooperación internacional, que ya ha manifestado dudas sobre invertir en un país donde no hay garantías democráticas.
—¿Han recibido observaciones de organismos internacionales en ese sentido?
Sí. La Relatora de la ONU sobre libertad de organización alertó sobre los riesgos para la sociedad civil en Ecuador. Incluso señaló que, aunque se han acogido algunas sugerencias, la libertad de asociación sigue en peligro. ¡Ojo! Hoy somos las organizaciones de sociedad civil, mañana pueden ser medios de comunicación, que algunos son fundaciones y que otros son entidades de distintas figuras jurídicas, pero que están al servicio de la libertad de expresión. Pasado pueden ser otro tipo de entidades.
—¿Qué debería contemplar el reglamento de la ley?
Debe reconocer que ya existen mecanismos de rendición de cuentas y no duplicar controles. Además, debe garantizar la proporcionalidad, evitar medidas punitivas y blindar a las organizaciones frente a persecución política. Si el Ejecutivo no lo hace, acudiremos a mecanismos constitucionales e internacionales. Las auditorías y la debida diligencia deben ser escalonadas y controles reforzados solamente donde el riesgo esté técnicamente demostrado. Hemos pedido también garantías para el debido proceso y no la disolución por faltas formales y ninguna medida extrema que sea excepcional, justo de lo que estamos hablando. ¿Qué tal si una organización les incomoda al gobierno actual o a cualquier gobierno de turno? Porque esto tiene fuerza de ley, sirve para cualquier gobierno.
—¿Temen un cierre de organizaciones incómodas al poder?
No tenemos miedo, porque nuestras cuentas son claras y nuestro trabajo es reconocido. Lo que sí genera inseguridad es que se limite la acción de la sociedad civil y se busque controlar políticamente a las ONG. Pedimos transparencia de doble vía: si rendimos cuentas, el Estado también debe hacerlo (…) Capaz que dicen hay que intervenir, capaz que dicen suspendamos fondos, capaz que dicen no me gusta, me es incómoda, hay que cerrarle. Y ya ha pasado, porque hablamos sobre la base de la evidencia.
—Pero la ley incluye una cláusula que precisamente prohíbe o garantiza que no haya persecución para organismos que trabajan sin fines de lucro. ¿No es suficiente esa cláusula?
No, no es suficiente porque ya lo hicieron con el decreto 16, lo hicieron con Pachamama y persiguieron a otras organizaciones como Fundamedios, diciendo que han desviado el fin para el que fueron creados. Cuando denuncias temas de corrupción y eres una organización que lucha contra la corrupción, tienes que hacerlo y lo haces debidamente organizada. Pero han pasado esas cosas, entonces sí ha preocupado bastante eso, no han tomado en cuenta y decimos, la transparencia sí, siempre la transparencia y la rendición de cuentas.
—Con las reglas actuales, con las cosas como están, con el contexto que ya todos conocemos, ¿hay algún mecanismo para garantizar que la ley no sea utilizada como una herramienta de represión política?
Bueno, la normativa actual nos ofrece distintos canales por la vía civil, la vía administrativa, la vía penal, y claro, en el caso de que al gobierno de turno le molestaron la organización, pues claro, tiene que iniciar procesos donde está el debido proceso administrativo y donde tenemos todas las garantías para demostrarlas, pero si tienes una ley que le pone a discrecionalidad a una autoridad que además no es competente como la Superintendencia de Compañías porque no somos compañías.
—¿La ley era necesaria?
La ley no era necesaria y como la pasaron tan poco, como económico urgente, no sé qué dinero esperan recuperar, de dónde, más bien que cobren a los deudores, a los grandes deudores del Estado, a ellos tienen que cobrarles, más bien que nos respondan qué está pasando con las contrataciones de las hidroeléctricas, de las barcazas, más bien que a los corruptos les hagan venir al Ecuador y que les hagan devolver el dinero que se han robado del Estado ecuatoriano y que no estén hostigando a las organizaciones de la sociedad civil que además nos necesita.
