Tres meses después de la emergencia de agua en Quito, el Concejo Metropolitano aprobó una exoneración del pago del servicio. La medida aplica únicamente a la planilla de julio de 2025. Con esta decisión, más de 89.000 familias del sur de Quito recibirán un alivio financiero directo.
El beneficio se destina a los habitantes de La Argelia, Quitumbe, Turubamba, Guamaní, La Ecuatoriana y Chillogallo, sectores afectados por la suspensión de agua durante 14 días consecutivos. Estas parroquias fueron las más golpeadas por la rotura en la línea del sistema Mica–Quito Sur.
Quito: sectores más afectados por la crisis de agua
La emergencia de agua en Quito obligó a miles de familias a formar largas filas en puntos de abastecimiento, mientras cisternas móviles recorrían los barrios del sur. El corte derivó del deslizamiento ocurrido el 9 de julio en la Reserva del Antisana, donde 350 metros de tubería quedaron destruidos.
Verónica Sánchez, gerente general de la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento, Epmaps, explicó que la exoneración beneficiará a 89.284 cuentas activas en los sectores directamente impactados. La facturación de julio solo incluirá los cargos fijos, eliminando por completo el consumo del mes.
Beneficio adicional para barrios solidarios
La medida también contempla un descuento especial para 6.123 cuentas de barrios cercanos. Aunque esos sectores contaban con agua, compartieron el recurso con vecinos que no tenían servicio. En esos casos, Epmaps no cobrará el excedente de consumo de julio.
El alcalde de Quito, Pabel Muñoz, resaltó la importancia de la decisión: “No sería lógico pagar por un servicio que no se recibió”, dijo. El burgomaestre calificó la medida como un apoyo financiero justo para las familias del sur.
De acuerdo con la Alcaldía de Quito, la exoneración del pago de la planilla de agua correspondiente a julio en seis sectores de la capital tendrá un impacto menor al 1% en la facturación anual de Epmaps. Esta medida garantiza estabilidad operativa en la empresa, al mismo tiempo que reconoce el derecho de los ciudadanos afectados.
La aprobación de esta compensación era una deuda pendiente desde que se superó la emergencia de julio. Con la votación del Concejo Metropolitano, las demandas ciudadanas quedaron finalmente atendidas.
