El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, anunció el 17 de septiembre de 2025 que enviará a la Corte Constitucional una pregunta para convocar una Asamblea Constituyente, con el argumento de que las reglas actuales obstaculizan la lucha contra el crimen organizado. Este paso podría llevar a una transformación profunda del Estado ecuatoriano, pero requiere cumplir un procedimiento legal complejo y con efectos de largo alcance.
¿Qué es una Asamblea Constituyente y cómo se activa?
Una Asamblea Constituyente es un mecanismo excepcional mediante el cual la ciudadanía elige representantes para redactar una nueva Constitución o reformar sustancialmente la vigente. Es distinta a una reforma parcial, porque permite modificar toda la estructura del Estado.
En Ecuador, el procedimiento para su convocatoria está establecido en el artículo 444 de la Constitución. El proceso contempla tres etapas obligatorias:
- Iniciativa presidencial, como la presentada por Noboa, con una propuesta clara.
- Revisión y calificación de la Corte Constitucional, que verifica si la solicitud cumple requisitos formales y sustantivos.
- Consulta popular, donde el pueblo decide si aprueba la creación de la Asamblea y bajo qué reglas operará.
Esto significa que el anuncio presidencial no tiene efecto inmediato: debe pasar por un filtro legal riguroso antes de implementarse.
¿Qué podría cambiar con una Asamblea Constituyente?
Una Constituyente tiene el poder de reestructurar completamente el ordenamiento político y jurídico del país. Algunos de los cambios más significativos podrían ser:
- Reorganización institucional: Se podrían reformar o eliminar organismos como el Consejo de Participación Ciudadana, el Consejo de la Judicatura o incluso la Corte Constitucional.
- Modificaciones al régimen de gobierno: Podrían redefinirse las facultades del Presidente, los mecanismos de control legislativo y la estructura del poder público.
- Reformas en seguridad y justicia: El nuevo texto podría introducir herramientas legales para enfrentar el crimen organizado, con mayor intervención del Estado o cambios en el sistema penal.
- Cambios en los derechos ciudadanos: Se podrían ajustar o ampliar garantías individuales, derechos colectivos, y el rol del Estado en salud, educación o economía.
El alcance de estos cambios dependerá del mandato que la ciudadanía otorgue en la consulta popular inicial, y del texto final que apruebe la Asamblea.
¿Qué riesgos e incertidumbres implica el proceso?
El proceso de una Constituyente no es inmediato ni exento de riesgos. Estos son algunos factores clave a considerar:
- Duración y costos: Desde la convocatoria hasta la aprobación de una nueva Constitución pueden pasar 12 a 18 meses, incluyendo elecciones, debates, y un nuevo referéndum.
- Gobernabilidad durante la transición: Mientras se redacta la nueva Carta Magna, podría haber choques de competencias entre poderes del Estado o inseguridad jurídica.
- Concentración de poder: Algunos analistas advierten que, si no se define un mandato claro, la Asamblea podría ser usada para expandir facultades del Ejecutivo o debilitar contrapesos institucionales.
- Polarización política: En un contexto de alta división ideológica, una Constituyente podría profundizar los conflictos entre sectores sociales y políticos, en lugar de generar consensos.
¿Puede la Corte Constitucional frenar la propuesta?
Sí. La Corte Constitucional es el primer filtro legal que debe superar la iniciativa. Su rol es verificar:
- Que la propuesta tenga un contenido claro y justificado.
- Que no se trate de un uso indebido del mecanismo para evitar reformas por vías ordinarias.
- Que no se viole el principio de supremacía constitucional.
En fallos anteriores, la Corte ha rechazado iniciativas presidenciales que pretendían eludir procesos de reforma establecidos en la Constitución. Por tanto, su calificación es determinante para que la consulta avance.
¿Qué antecedentes existen en Ecuador?
La experiencia más reciente fue en 2007-2008, bajo el gobierno de Rafael Correa, cuando se convocó una Asamblea Constituyente que redactó la actual Constitución de Montecristi. Aquel proceso también se inició con una consulta popular y supuso un reordenamiento del sistema político, incluyendo la creación de nuevas instituciones.
Esa experiencia dejó un precedente claro: una Constituyente puede ser un punto de inflexión en la historia política, pero también un camino con efectos duraderos y controversiales.
¿Qué sigue ahora?
En los próximos días, se espera que el presidente Noboa presente formalmente la propuesta ante la Corte Constitucional. Solo si esta es aprobada, se convocará una consulta popular para que el pueblo ecuatoriano decida si desea —y bajo qué términos— una Asamblea Constituyente.
La decisión marcará el rumbo institucional del país en los próximos años.
