El Frente Nacional Antiminero y el Movimiento Indígena de Cotopaxi denunciaron el 23 de agosto de 2025 un despliegue militar y policial en Palo Quemado, Cotopaxi, para facilitar la consulta ambiental del proyecto minero La Plata, que busca explotar recursos en la región.
Denuncia de militarización
El 23 de agosto de 2025, el Frente Nacional Antiminero y el Movimiento Indígena de Cotopaxi alertaron sobre la presencia de fuerzas militares y policiales en la parroquia Palo Quemado, cantón Sigchos, provincia de Cotopaxi. Según las organizaciones, el despliegue se produjo en el contexto de la consulta ambiental para viabilizar el proyecto minero La Plata, operado por La Plata Mining, filial de la empresa canadiense Atico Mining. Videos compartidos en redes sociales muestran a personal uniformado llegando a la comunidad en camionetas, generando tensión entre los habitantes.
Un día antes, el 22 de agosto de 2025, comuneros de Palo Quemado y Las Pampas realizaron un plantón frente al Ministerio de Ambiente en Quito. Exigieron la suspensión de la consulta, argumentando que el proyecto minero amenaza las cuencas hídricas de la localidad. “Las comunidades ya decidieron: No a la minería, Sí a la vida y al territorio”, publicó el Movimiento Indígena de Cotopaxi en redes sociales.
El Ministerio de Ambiente y Energía no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre las denuncias de militarización ni sobre las protestas de las comunidades, según la información disponible hasta el momento.
Detalles del proyecto minero
El proyecto La Plata, a cargo de La Plata Mining, abarca 2.235 hectáreas y tiene como objetivo la explotación de cobre, oro, plata y zinc. La minera canadiense Atico Mining anunció el 2 de julio de 2024 la finalización de un estudio de viabilidad, que estima una capacidad de producción anual de 310.250 toneladas durante una vida útil de 8,1 años. La empresa ha invertido USD 1,76 millones en iniciativas sociales en la comunidad, según reportes oficiales.
El Gobierno de Ecuador, liderado por el presidente Daniel Noboa, espera que el proyecto genere más de 1.300 empleos directos, impulsando el desarrollo económico en la región. Sin embargo, las comunidades locales han expresado su oposición, señalando riesgos ambientales, especialmente para los recursos hídricos.
Contexto de resistencia
La consulta ambiental en Palo Quemado ha generado controversia desde su anuncio. En marzo de 2024, enfrentamientos entre comuneros y fuerzas de seguridad dejaron varios heridos, incluyendo a un comunero en estado de coma, según denuncias de la Conaie y el Frente Nacional Antiminero. El 25 de marzo de 2024, un juez de Sigchos suspendió provisionalmente la consulta como medida cautelar, pero las tensiones persisten. Organizaciones como la Cedhu han advertido que la militarización pone en riesgo los derechos humanos de los habitantes.
La resistencia de las comunidades se basa en la defensa de sus territorios y recursos hídricos, considerados vitales para la agricultura y la vida local. Según la Conaie, procesos anteriores de consulta no han cumplido con estándares internacionales, como el Acuerdo de Escazú, que exige consultas previas, libres e informadas a las comunidades afectadas.
Llamado a la supervisión
Organizaciones sociales han solicitado a la Defensoría del Pueblo que supervise el proceso para evitar violaciones de derechos humanos. Además, han pedido a la comunidad internacional que observe las acciones del Gobierno ecuatoriano en Palo Quemado. Mientras tanto, el proyecto La Plata permanece en el centro de un debate entre desarrollo económico y preservación ambiental.
