La eliminación del subsidio al diésel anunciada por el Gobierno del presidente Daniel Noboa para el 12 de septiembre, que representa una erogación anual de aproximadamente 1.100 millones de dólares, plantea un debate sobre el rol del Estado en la economía y la sostenibilidad del crecimiento.
Si bien el argumento oficial apunta a redirigir estos recursos hacia grupos sociales, resulta imprescindible analizar con objetividad sus efectos económicos sobre los sectores productivos.
Los subsidios cumplen un papel importante en muchas economías, pues funcionan como herramientas de redistribución del ingreso. Son transferencias que buscan corregir falencias de mercado y proteger a sectores vulnerables. En el caso del diésel, su importancia radica en que más del 70 % del transporte de carga y pasajeros depende de este combustible, además de su uso en actividades agrícolas, pesqueras, industriales y de construcción. Por tanto, su encarecimiento, que pasa de 1,80 dólares a 2,80 dólares, impacta negativamente los costos logísticos y operativos de la columna de la economía.
El Banco Central del Ecuador sostiene que el sector transporte representa alrededor del 6 % del Producto Interno Bruto (PIB) y tiene un efecto multiplicador en el resto de la cadena productiva. Por tanto, un alza del precio del diésel se traduce en un aumento de precios y afecta tanto a consumidores como a productores. El Fondo Monetario Internacional proyecta un crecimiento del 1,5 % para 2025, pero con este incremento del combustible podría más bien generarse una desaceleración económica y contraerse el crecimiento.
La narrativa gubernamental es que los subsidios han beneficiado de forma desproporcionada a sectores de altos ingresos y al contrabando, y es cierto que existe un componente regresivo en el diseño actual. Sin embargo, eliminar el subsidio sin una política efectiva de focalización y sin mecanismos ciertos de compensación, como tarifas diferenciadas o transferencias directas a pequeños productores, corre el riesgo de castigar severamente a quienes dependen del diésel para sobrevivir.
La eliminación de subsidios debe ser técnica, progresiva y socialmente responsable. De lo contrario, se corre el riesgo de provocar descontento social, pérdida de empleo y una contracción del aparato productivo. La eficiencia fiscal no debe lograrse sacrificando la estructura productiva ni el crecimiento económico del país. Más que eliminar subsidios de forma abrupta, el reto es rediseñarlos con justicia y transparencia.
Quitar el subsidio al diésel podría, de alguna manera, representar un alivio para las finanzas públicas, pero si esto no es gestionado con sensibilidad y planificación, se transforma sin lugar a dudas en un freno para el desarrollo nacional.
