La eliminación del subsidio al diésel generó una reacción inmediata entre los transportistas de Pichincha, quienes, tras un sorpresivo decreto ejecutivo, decidieron suspender sus actividades desde las 00:00 de este lunes 15 de septiembre de 2025. La medida, adoptada tras una asamblea general el sábado 13 de septiembre, buscaba visibilizar la falta de comunicación previa por parte del gobierno nacional. Sin embargo, tras intensas negociaciones con autoridades, el sector optó por suspender la paralización y priorizar el diálogo. En una entrevista de Manavisión Plus, Carlos Brunis, presidente de la Federación de Transporte Terrestre de Pichincha, detalló las razones de la protesta, los acuerdos alcanzados y las demandas pendientes.

“Nos cogió de sorpresa, no tuvimos información previa del gobierno ni de representantes nacionales”, expresó Brunis. La falta de consulta previa desató malestar entre los transportistas, quienes consideran que temas como el subsidio al combustible requieren un diálogo inclusivo. La asamblea del sábado 13 de septiembre analizó el impacto económico del incremento del precio del diésel, que pasó de costar entre 55 y 60 dólares por tanque a casi 90 dólares en pocos días. “El impacto es bastante importante, por eso necesitamos mesas técnicas para revisar cómo se determinó la compensación”, añadió Brunis, refiriéndose a los 700 galones establecidos como compensación.

Diálogos y mesas técnicas como respuesta

El domingo 14 de septiembre, en una reunión en la cooperativa Alacatar, representantes del transporte público dialogaron con el director de la Agencia Nacional de Tránsito, Pedro Abril, enviado por el ministro de Transporte y Obras Públicas, Roberto Luque. Los transportistas plantearon la creación de mesas técnicas para evaluar la compensación de 700 galones, considerada insuficiente por el sector. “Queremos revisar cómo llegaron a esos 700 galones, porque podría no incluir algunos ítems”, afirmó Brunis en el espacio de entrevista. Además, solicitaron puntos de registro presenciales para facilitar el acceso a las compensaciones, especialmente para quienes enfrentan dificultades con plataformas digitales.

El gobierno respondió habilitando desde este lunes 15 de septiembre puntos de atención presencial en todo el país. “Esto lo vemos con buenos ojos, fue parte de nuestras peticiones, incluso que las compensaciones sean retroactivas”, destacó Brunis. La medida busca garantizar que los transportistas accedan a los incentivos económicos, cuya vigencia se extiende hasta diciembre de 2025.

Por otro lado, los transportistas subrayaron la necesidad de abordar el impacto económico integral. El alza del diésel no solo eleva los costos operativos, sino que también incrementa los precios de repuestos, neumáticos y servicios como el cambio de aceite, que pasó de 20 a 26 dólares. “Sube el diésel, sube la canasta de repuestos y también la canasta básica”, señaló Brunis, enfatizando la urgencia de controles para evitar alzas desproporcionadas en productos relacionados.

Inseguridad y plataformas digitales en la mira

Más allá del combustible, los transportistas plantearon preocupaciones sobre la inseguridad en el sector. En Manavisión Plus, Brunis relató un reciente incidente en la ruta Simón Bolívar, donde un usuario fue asesinado y nueve personas resultaron heridas. “El transportista puede ser un aliado para la seguridad, proponemos estrategias con el ECU-911”, sugirió. La Federación también busca discutir el impacto de las plataformas digitales en el taxismo y la implementación de taxímetros digitales, temas que espera abordar en las mesas técnicas.

El sector reconoce que la compensación transitoria no resuelve el problema a largo plazo. “Si no se paga la compensación de septiembre u octubre, sería un incumplimiento, y los compañeros decidirán qué hacer”, advirtió Brunis. Aunque el diálogo con el presidente y la vicepresidenta abrió una puerta al entendimiento, los transportistas insisten en llevar propuestas concretas. Entre ellas, solicitan incentivos para renovar unidades y reducir impuestos sobre repuestos, así como medidas para frenar el contrabando de combustible.

Compromiso con los usuarios

La Federación de Pichincha decidió suspender la paralización para evitar afectar a la ciudadanía, priorizando el diálogo como herramienta de negociación. La asamblea del domingo, con presencia de medios de comunicación, reafirmó esta postura. “Tomaremos la decisión que más convenga a todos, incluyendo a los ciudadanos”, aseguró Brunis. Sin embargo, el sector permanece en sesión permanente, listo para convocar una nueva asamblea si las mesas técnicas no cumplen con sus expectativas.

El impacto económico del diésel sigue siendo una preocupación central. Los transportistas advierten que, sin ajustes en las compensaciones o controles efectivos, el sector enfrentará dificultades para mantener la calidad del servicio. Mientras tanto, el gobierno nacional enfrenta el reto de garantizar que las medidas adoptadas respondan a las necesidades del transporte terrestre, un pilar clave para la movilidad del país.

La entrevista completa puede ser vista en las plataformas digitales de Manavisión Plus.