La Federación Nacional de Cooperativas de Transporte Público de Pasajeros del Ecuador (Fenacotip) anunció la convocatoria a una Asamblea General el lunes 15 de septiembre de 2025. El objetivo es analizar el impacto del incremento del precio del diésel y definir acciones frente a esta medida que afecta a la operación del transporte público intra e interprovincial, se informó en un comunicado de prensa.
La convocatoria responde a la preocupación de los gremios por la eliminación del subsidio al combustible, formalizada en los Decretos Ejecutivos 125 y 126 emitidos por el presidente de la República, Daniel Noboa. Según el comunicado oficial, este incremento golpea la sostenibilidad de las cooperativas, generando un impacto económico considerable para los transportistas y los usuarios.
Solicitud al Gobierno de Daniel Noboa
La Fenacotip solicitó al Ejecutivo suspender la aplicación de los decretos hasta encontrar soluciones viables que permitan enfrentar el alza. La directiva considera que las condiciones actuales no permiten sostener un incremento tan drástico sin afectar la estabilidad del sector.
“Solicitamos a los directivos y socios de nuestras filiales que no se registren en el enlace que ha sido remitido por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, hasta no contar con una resolución de nuestro máximo órgano de gobierno, como lo es la Asamblea General”, cita el comunicado de la Fenacotip.
La Federación Nacional de Cooperativas de Transporte Pesado del Ecuador (Fenacotrape) también manifestó su rechazo al Decreto Ejecutivo 126. Según el gremio, esta decisión llega en un momento crítico para el país, marcado por problemas de inseguridad.
En un comunicado, Fenacotrape reconoció la importancia de la gestión presidencial en materia de seguridad, pero advirtió que el incremento del combustible impacta directamente en la economía de las familias y en la sostenibilidad del transporte pesado, un sector clave para el movimiento de mercancías en el país.
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— Fenacotip (@info_fenacotip) September 13, 2025
Pedido de derogación y acciones urgentes
El presidente de Fenacotrape, Ángel Macías Suárez, afirmó que el gremio no rechaza el diálogo ni el trabajo conjunto con el Gobierno. Sin embargo, insistió en que una decisión de este nivel debió socializarse previamente con los actores que sostienen la economía nacional.
La federación convocó a una reunión urgente de sus bases para definir acciones frente al alza del diésel. Aseguraron que el incremento de los combustibles es inviable mientras la inseguridad continúe siendo un problema grave.
Por otra parte, la Unión Nacional de Educadores (UNE) calificó esta decisión como parte de un “ajuste fiscal” vinculado al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). El mismo, según indican, contempla reformas tributarias, eliminación de subsidios, cambios en seguridad social y reformas financieras.
El gremio recordó que el mandatario ofreció en campaña no retirar el subsidio al diésel, pero la medida se ejecutó. Además, señaló que en los mismos días se incrementó el valor de la gasolina Extra y Ecopaís, que pasó a costar $2,879 por galón.
Impacto económico y social
De acuerdo con la UNE, el aumento en los combustibles afecta directamente a las familias ecuatorianas y agrava los índices de pobreza. “Noboa no entiende que ya no da más el bolsillo del pueblo, que suben los combustibles y sube todo. El propio Banco Mundial en su último informe sobre Ecuador señaló que el 30% de ecuatorianos están en peligro de caer en pobreza. Por su parte, el INEC determinó que el 40,8% de la población nacional sufre pobreza multidimensional (7,4 millones de personas sufren graves carencias y privaciones)”, dice el comunicado de prensa.
En el documento se agrega que “el 28,0% de la población nacional, es decir, 5,1 millones de personas viven en pobreza grave con menos de $3 diarios; y el 12,7% de la población nacional, 2,3 millones de ecuatorianos, sobreviven en pobreza extrema con menos de $1,7 diarios”.
Críticas a compensaciones oficiales
La UNE cuestionó los anuncios del Gobierno respecto a compensaciones y bonos destinados a mitigar el alza, calificándolos como “distractores y falsas promesas”. Afirmó que experiencias pasadas demuestran que estas medidas no llegan de manera efectiva a los sectores más vulnerables.
Asimismo, criticó la aplicación de la Ley Orgánica de Integridad Pública (LOIP), indicando que, pese a que se ofreció no despedir personal de áreas sensibles como salud y educación, en la práctica sí se han registrado ceses de médicos y docentes.
Finalmente, el gremio hizo un llamado a las organizaciones sociales y sindicales a coordinar acciones conjuntas. Convocó al FUT, CONAIE, Frente Popular y al sector del transporte a enfrentar lo que calificó como un “segundo paquetazo” gubernamental.
