El Consejo de la Judicatura suspendió por tres meses a la jueza Daniela Ayala, el 12 de septiembre de 2025, en Quito, tras denuncias de la Fiscalía por agresión verbal durante la audiencia del 3 de septiembre en el proceso por el asesinato de Fernando Villavicencio.
Decisión del Consejo de la Judicatura
La sanción fue aprobada con dos votos a favor de Mario Godoy, presidente del organismo, y Yolanda Yupangui, vocal del pleno. La consejera Solanda Goyes votó en contra. Con esta medida, Ayala no recibirá su remuneración mensual mientras dure la suspensión.
La resolución surgió de la denuncia presentada por el fiscal general subrogante, Wilson Toainga, quien argumentó que la jueza incurrió en expresiones ofensivas contra la fiscal a cargo del caso. Según el informe, dichas expresiones “se alejaron de su rol” y constituyeron un acto de irrespeto hacia la representación del Ministerio Público.
Durante la audiencia de formulación de cargos, Ayala cuestionó la objetividad de la fiscal y sugirió su separación del proceso. Además, afirmó que la Fiscalía no debía ser “el brazo ejecutor del gobierno de turno”.
Contexto del caso Villavicencio
El proceso judicial está vinculado al asesinato del excandidato presidencial Fernando Villavicencio, ocurrido en agosto de 2023. La investigación abarca a varios sospechosos, entre ellos el exministro del Interior José Serrano y el empresario Xavier Jordán.
En esa diligencia, la jueza Ayala negó el pedido de prisión preventiva solicitado por la Fiscalía en contra de Serrano y Jordán. Esa decisión también generó tensiones entre el Ministerio Público y la magistrada.
La suspensión temporal se considera una medida preventiva. La vocal Yupangui indicó que “la falta de respeto y consideración es indudable” y que la sanción busca evitar que situaciones similares se repitan.
Posturas encontradas
Por su parte, la consejera Goyes señaló que no existía una causal suficiente para suspender a la jueza y advirtió que la resolución podría revertirse. “Si Ayala gana el recurso de impugnación, deberá ser restituida en su cargo y recibir los salarios dejados de percibir”, puntualizó.
Mientras tanto, la medida genera repercusiones en el avance del proceso. La Judicatura deberá designar un reemplazo temporal para garantizar la continuidad de las audiencias dentro del caso. La Fiscalía sostiene que la actuación de Ayala afectó la imparcialidad judicial y debilitó la confianza en el proceso.
El fallo se suma a los múltiples cuestionamientos que enfrenta el sistema judicial ecuatoriano en causas de alto impacto. Con este antecedente, la defensa de Ayala tendrá un plazo legal para interponer recursos que podrían frenar la sanción.
