El Gobierno de Daniel Noboa solicitó a los jueces de la Corte Constitucional (CC) desalojar su sede en Quito, para luego dejar sin efecto la disposición. La orden de desalojo se emitió el 19 de agosto de 2025 a través del Ministerio de Energía y Minas, argumentando la necesidad de espacio para su personal.
Un día después, el 20 de agosto, el mismo Ministerio comunicó a la CC que la disposición era “insubsistente”, en un giro inesperado en las relaciones entre el Poder Ejecutivo y el organismo de control constitucional.
El pedido de desalojo y su justificación
La notificación inicial, firmada por Nancy Uriarte, coordinadora general administrativa financiera del Ministerio de Energía, llegó a la Corte Constitucional el 19 de agosto. En el oficio, se informaba al presidente de la CC, Jhoel Escudero, sobre la terminación del Convenio de Cooperación Institucional que permitía a la Corte ocupar el edificio Tamagar. El Gobierno dio un plazo de un mes improrrogable para la “liberación absoluta” del inmueble.
El Ministerio justificó su pedido basándose en decretos presidenciales (60 del 24 de julio y 94 del 14 de agosto de 2025) que dispusieron la fusión del Ministerio de Energía con el de Ambiente. Se explicó que la medida era parte de un plan para “centralizar las unidades técnicas y administrativas para una gestión eficiente”.
Además, se mencionaba que el personal de ambos ministerios estaba operando a “su capacidad máxima”, por lo que necesitaban espacios adicionales. El análisis del Gobierno determinó que el edificio Tamagar, por sus características, era el adecuado para albergar a los funcionarios.
Reversión de la decisión y contexto político
Horas más tarde, el 20 de agosto, el Ministerio de Energía y Minas envió un nuevo oficio a la Corte Constitucional, dejando sin efecto la orden de desalojo. En este segundo documento, se le comunicó al presidente Jhoel Escudero que la disposición original había sido declarada “insubsistente”.
Esta reversión del mandato se dio en medio de un clima de tensión entre el Gobierno de Noboa y los nueve jueces de la Corte Constitucional.
La pugna entre el Ejecutivo y la CC se ha manifestado recientemente con el tratamiento de decenas de demandas de inconstitucionalidad a tres leyes aprobadas por la Asamblea Nacional. Este contexto político sugiere que la solicitud de desalojo fue un episodio en la disputa por el poder y la toma de decisiones en el país.
El repentino cambio en la postura del Gobierno ha generado diversas interpretaciones sobre las verdaderas motivaciones detrás de la acción.
